Como era de prever, Andalucía votó ayer en contra de la propuesta del Gobierno de limitar el déficit de las comunidades al 1,3% del PIB en 2013. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reunió al ministro de Hacienda con sus homólogos de las regiones, volvió a enfrentar al Estado central con el autonómico por ver cuál de los dos puede y debe asumir más margen de gasto público este año, es decir, quién está obligado a aprobar más recortes.
Las comunidades tendrán que cerrar el año con un déficit del 1,3% y reducirlo al 1% en 2014, según los objetivos de estabilidad para los próximos años pactados en el Consejo. El objetivo inicial previsto para este ejercicio era del 0,7%, con el que todas las regiones han elaborado sus presupuestos. El acuerdo de ayer, sin embargo, contó con los votos en contra de Canarias, Andalucía, Asturias y Cataluña y las abstenciones de Navarra y País Vasco. Cantabria no estuvo presente. Así, las comunidades contarán con una décima extra de déficit este año tras el margen concedido por Bruselas, pero mantienen los objetivos de 2014, 2015 y 2016. Las décimas adicionales que otorgó la Comisión Europea a España para esos tres años quedarán reservadas para el Estado o la Seguridad Social. En concreto, las comunidades contarán con un objetivo de déficit del 1,3% este año y un límite de endeudamiento del 19,1%. En 2014, el déficit tendrá que bajar al 1% y la deuda subirá al 20%. En 2015, el déficit deberá moderarse al 0,7% y la deuda subirá al 20,5% y en 2016 el déficit bajará al 0,2% y la deuda bajará al 20,3%.
La reunión fue tensa, porque el departamento de Cristóbal Montoro ya había soliviantado el día previo a Andalucía al anunciar un objetivo global de déficit del 1,3% del PIB (el mismo para todas) muy por debajo de lo que esperaba recibir la Junta (2,2%). El Gobierno vuelve a proponer un reparto desequilibrado: el Estado asumirá un 5,2% y las regiones el 1,3%, una fórmula que la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, calificó antes de la reunión de poco lógica ni razonable.
Este reparto, dijo Aguayo, no me parece correcto sino desequilibrado. El Estado se reserva una cifra superior incluso de aquella con la que terminó el año pasado, mientras que a las comunidades [que asumen el 65% del gasto en educación, sanidad y servicios sociales] nos van a pedir todo el peso del ajuste, aseguró. Es más, la consejera añadió que no le parecía razonable la propuesta de Montoro ni responde a lo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que da una cifra muy distinta para las comunidades, ni responde al reparto real de la carga de los gastos públicos del Estado y las regiones, ni responde tampoco al reparto del margen de los dos puntos del PIB que ha dado la UE a España. La Junta esperaba que el Gobierno aligerara la carga a las regiones, después de que Bruselas otorgara a España dos años adicionales para cumplir con el déficit público. España contaba con un margen del 4,5% del PIB para equilibrar ingresos y gastos en 2013, y la UE aceptó ampliarlo hasta el 6,5%. Andalucía esperaba que esos dos puntos de margen, equivalentes a 20.000 millones, se repartieran equitativamente entre Gobierno y regiones.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, había anunciado en el Parlamento que lo lógico era que el techo de gasto para las comunidades se fijase en el 2,2% del PIB correspondería al reparto del 35-65% que marca la realidad de los servicios que prestamos, aunque ayer la consejera admitió que se conformaría con un margen del 1,7% (nunca por debajo de ese límite). La Ley de Estabilidad daría una cifra algo inferior (al 2,2%), pero también superior al 1,3%, concluyó.
El Consejo de Política Fiscal también sirvió para discutir los criterios del informe elaborado por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Aguayo aseguró que Andalucía ya ha ahorrado más de 3.000 millones de euros desde 2010, y lamentó que este esfuerzo no haya sido aprovechado para dar luz a los planteamientos del texto. La consejera mostró malestar porque el Gobierno no haya contado con las comunidades en el proyecto de reforma de las administraciones, que se les presentó ayer. Nos ha parecido desleal que se haya presentado el informe sin la participación de las comunidades, que además criticó la propuesta de eliminar órganos como el Defensor del Pueblo, blindado en el Estatuto autonómico.
