La reforma de la ley del aborto, aprobada el pasado 5 de julio, está teniendo desigual desarrollo en las distintas comunidades, incluso en aquellas que están gobernadas por el PSOE. Castilla-La Mancha acaba de asumir el primer registro oficial de médicos objetores de conciencia contra dicha ley, una idea que surgió del Colegio Oficial de Médicos -igual que en Andalucía- pero que aquí fue rechazada rotundamente por la Junta.
Ambos gobiernos socialistas articulan argumentos a favor y en contra de la misma medida. En un principio, los dos rechazaron el registro de objetores -donde también se inscribían médicos de familia-, pero en la comunidad vecina el Tribunal Superior de Justicia autonómico dictaminó de forma cautelar que los doctores de la atención primaria también podían acogerse a la objeción.
El Gobierno castellanomanchego ha decidido aceptarlo antes de que el fallo del tribunal sea firme. En Andalucía, según fuentes de la Consejería de Salud, nadie ha recurrido a los tribunales para exigir el derecho a la objeción de los médicos de familia. El Consejo Andaluz de Médicos, con 32.000 facultativos colegiados, fue el primero en crear un registro de objetores, apenas 10 días después de que se aprobara la reforma de la ley del aborto. La Consejería de Salud se apresuró a responder que la lista no tendría "ninguna validez", y criticó duramente el "el posicionamiento político" de los doctores.
El colectivo de médicos anunció entonces que pondría "un equipo jurídico" a disposición de todos los facultativos inscritos en el registro para blindarles legalmente en caso de que se negaran a aplicar la ley del aborto. Y la Junta emitió un comunicado aclarando que la propia ley ya garantizaba la libertad de conciencia, "pero sólo para facultativos que participen activamente en la interrupción voluntaria del embarazo": ginecólogos, enfermeros, anestesistas y matronas.
La única participación del médico de familia en la práctica del aborto es la obligación de informar y derivar a sus pacientes a un especialista, algo a lo que pueden negarse, según Castilla-La Mancha, pero no según Andalucía. La política de los socialistas castellanomanchegos podría reactivar el pulso entre los médicos andaluces y la Junta, si éstos emprenden el mismo camino que sus colegas y reclaman la objeción en los tribunales.
En la sanidad pública castellano manchega y andaluza, el protocolo para abortar es el mismo: la mujer debe acudir a su médico de familia y éste tendrá que derivarle a una clínica privada concertada para que allí se le interrumpa el embarazo. La administración carga con los gastos.
Andalucía considera que "la ley permite objetar contra el acto clínico del aborto, pero no contra la derivación a una clínica privada", por eso, aseguran desde la consejería: "en la sanidad pública no cabe la objeción". Castilla-La Mancha, en cambio, ha dado la razón a los colegios médicos y permitirá que los médicos de familia objetores se nieguen a darle a la mujer el volante para que le atienda un especialista, pero sí deberán derivarla a otro compañero de atención primaria que no sea objetor.
