La «rebelión» de Andalucía y otras cuatro comunidades no gobernadas por el PP, más el malestar a puerta cerrada del resto, forzó ayer al Ministerio de Educación a aplazar el desarrollo normativo de Secundaria y Bachillerato hasta 2015, y dejar para el próximo septiembre la Primaria y la FP Básica. El Gobierno andaluz se ha cansado de difundir las razones educativas, ideológicas, políticas y jurídicas invasión de las competencias autonómicas contra la llamada ley Wert. Pero la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ya está aprobada, el Congreso le dio el espaldarazo definitivo el 28 de noviembre con los votos en solitario del PP. La norma será implantada el próximo curso [en 1º, 3º y 5º de Primaria y en la FP Básica], para lo cual el Ministerio debe aprobar en los próximos meses (previsiblemente en marzo) los reales decretos de desarrollo, que incluyen el nuevo currículum por etapas, con nuevas asignaturas y metodología. Las comunidades necesitan esos decretos para complementarlos con la normativa autonómica. Y el sector de editores de libros de texto necesitan ambos decretos, el estatal y los autonómicos, para preparar los nuevos manuales del próximo curso.
Para las cinco regiones que ayer escenificaron su rechazo a la ley antes de la reunión con el ministro José Ignacio Wert Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias, conocer con tiempo el texto definitivo del currículum estatal es de vital importancia, porque todas se proponen amortiguarlo con ideas propias. La Lomce agrupa las asignaturas en tres bloques: las troncales Matemáticas, Lengua, Idiomas, Naturales y Ciencias Sociales donde menos influyen las regiones (pueden sumar temas, no restar ni modificar); las específicas, como Religión y su alternativa, que en el caso andaluz podría ser la nueva Educación para la Ciudadanía; y las de libre configuración, en las que el Ministerio no se mete.
Los cinco consejeros de Educación críticos le trasladaron a Wert los problemas que trae consigo la ley, no ya los educativos, sino los técnicos. En primer lugar, «no hay tiempo» para empezar en septiembre, porque si el Ministerio aprueba los currículum en marzo, tendrían sólo seis meses para estudiar, debatir y negociar los contenidos que incluirán en el margen autonómico. «La Logse tardó diez años en implantarse, la LOE, cinco y ésta se quiere implantar en seis meses», dijo el consejero Luciano Alonso. Todas las regiones se han quejado del decreto, que agrupa en mil páginas los contenidos de Primaria, ESO, FP y Bachillerato, y es tan hiperdetallista que resta margen de autonomía a los colegios. Ayer le pidieron al ministro que subdividiera el texto en tres, que aprobara primero el de Primaria y FP Básica, que empiezan en septiembre, y aplazara a 2015 el resto de etapas. Finalmente Wert claudicó.
La segunda dificultad es que la implantación inicial de la ley supondrá a las comunidades un sobrecoste que aún no saben afrontar, porque el Ministerio, hasta ayer, no había presentado memoria económica. Esta crítica también la defienden algunas regiones del PP. Wert respondió a la inquietud de las comunidades anunciando que se contará con una financiación de 2.000 millones para la FP Básica, la parte más costosa de la ley (1.200 del Fondo Social Europeo y el resto, del Ministerio).
Alonso vaticinó que el arranque de la Lomce en Andalucía costará 150 millones de euros al año, sólo en Primaria, FP básica y el programa de gratuidad de libros de texto. Eso si milagrosamente se puede poner en marcha», apuntó. «Es materialmente imposible que los proyectos educativos de centros estén listos para el comienzo de curso cuando aún hoy se están discutiendo y no conocemos al completo la norma estatal», dijo, y añadió: «No vamos a ser insumisos pero tampoco vamos a incumplir nuestro Estatuto de Autonomía». Es en este punto en el que Alonso advirtió de que «sólo serán gratuitos los libros de texto que se editen conforme a la normativa autonómica».
Manuales. Andalucía y Navarra son las únicas dos regiones que mantienen intacto el programa de gratuidad de libro, del que se benefician un millón de alumnos. El programa está blindado en el Estatuto, con rango de ley orgánica, por eso la Junta continúa subvencionando la compra de libros, que no se entregan en propiedad a los estudiantes, pero se comparten a través de una fórmula de préstamos y recambios cada año.
La Junta tiene un registro de libros de texto autorizados, de donde los colegios y maestros eligen el que prefieren. Para estar en esa lista, los libros deben cumplir con los requisitos que impone cada comunidad. Hay regiones que mantienen tal cual el currículum estatal y otras que exprimen al máximo el margen autonómico que tienen. Lo que dijo ayer Alonso hay que enmarcarlo en las críticas a Wert por la falta de tiempo que tiene Andalucía para adaptar el temario estatal. «Frente a esa trampa que nos obliga a escoger entre el cumplimiento de la Lomce, y la dejación de nuestras responsabilidades con el desarrollo de competencias, Andalucía se rebela», advirtió. El órdago de Alonso, en el que el consejero no quiso abundar, lo explicaron fuentes de su departamento a esta redacción: «Si no nos da tiempo a incluir lo que nosotros queremos en el currículum, el curso que viene mantendremos los mismos libros de texto que usan los niños este curso».
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública integrada por asociaciones de padres, sindicatos de profesores y estudiantes inició ayer una campaña para que no se realice el «cambio injustificado» e «ideológico» de los libros de texto, e hicieron un llamamiento a todas las escuelas para que acuerden no cambiarlos.
