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Andalucía ya puede ejercer el control policial de aguas

El Gobierno central reforma la Ley de Aguas que permite a la comunidad desarrollar esta competencia prevista en el Estatuto, que no fue anulada por el Constitucional. La Junta informa hoy de la fórmula definitiva que negocia sobre la gestión del Guadalquivir tras el fallo judicial.

el 26 ago 2011 / 19:09 h.

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El Gobierno central aprobó ayer la reforma de la Ley de Aguas para que las comunidades autónomas que contemplen en sus Estatutos asumir competencias en materia de policía de dominio público hidráulico puedan hacerlo. Andalucía es, junto a Aragón y Cataluña, una de las comunidades que prevé esas competencias en su norma básica y aunque Extremadura también recurrió el artículo 50 en el que aparecen recogidas, el Constitucional no anuló este texto como sí hizo con el artículo 51, que da competencias exclusivas a la comunidad sobre la cuenca del Guadalquivir.

 

Precisamente, Gobierno central y autonómico ultiman una fórmula que permita a la Junta mantener la "máxima capacidad de decisión" sobre este río cumpliendo la sentencia judicial, que tumbó unas potestades sobre la gestión del Guadalquivir que ya fueron transferidas por el Estado. Desde que el Constitucional emitió su fallo en marzo, la Junta mantiene estas potestades gracias a una encomienda de gestión transitoria que expira en octubre. Esta misma semana, el presidente Griñán anunció -tras reunirse con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves para preparar la Comisión Bilateral de septiembre- que la fórmula definitiva estará lista en quince días. Hoy informa al respecto el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo.

Medio Ambiente valoró ayer la reforma de la Ley de Aguas porque "atribuye desde este momento a Andalucía las importantes funciones ejecutivas de carácter material relacionadas con la policía de aguas, sin perjuicio de que la titularidad de las competencias para la resolución de las sanciones y demás actos jurídicos que puedan derivarse de dichas actividades de policía se mantengan en la Administración del Estado". Junta y PSOE-A ven este paso en la línea buscada de garantizar el máximo nivel competencial de la región sobre el río.

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