Eso parece que está ocurriendo en la UE con la propuesta de la Directiva de Retorno, con la que se pretende expulsar a unos ocho millones de emigrantes indocumentados, revitalizando, si es necesario, figuras que se deberían haber perdido en la noche de los tiempos cuando el Estado de Derecho se impuso al poder arbitrario de los gobernantes. Nos referimos a la detención administrativa de estos emigrantes, que en el peor de los casos puede llegar hasta dieciocho meses, sin la necesaria intervención de la autoridad judicial, única legitimada para controlar las limitaciones a la libertad personal. Y así, lo que fue una conquista social, que requirió de muchas muertes y no pocas movilizaciones, se suprime de un plumazo para la defensa de los intereses privilegiados de los europeos. A cuyo carro se ha subido también el Gobierno socialista de España apoyando la iniciativa comunitaria, con cierto complejo y como si tuviera que pedir perdón por lo anteriormente actuado en materia de inmigración. Y lo peor de todo es que, para cubrir sus vergüenzas, recurre a argumentos peregrinos con los que nos quiere convencer de la bondad de la medida.
A decir verdad, esta Directiva no es más que una expresión de un fenómeno más amplio, el retroceso que se está produciendo en Europa en lo que concierne al ejercicio de los derechos y libertades, vinculado a la proliferación de partidos y formaciones políticas neofascistas que sin ningún tipo de pudor expresan unas ideas y un pensamiento que remueven los cimientos del régimen democrático; una situación que requiere de una reflexión más profunda de la que se puede hacer ahora, pues resulta que estas ideas y pensamiento, lejos de espantar a los electores comprometidos con una serie de conquistas que nos identifican como cultura, los atrae y los encandila con el canto de sirenas de una sociedad segura, suficiente y ordenada. Y así, en un tiempo en el que se pretende revitalizar la memoria histórica con una clara finalidad pedagógica, se dice, para que no vuelvan a ocurrir los sangrientos episodios de la primera mitad del siglo XX en Europa, esa misma Europa, ahora olvidadiza de lo que significa la deportación, la expulsión o los campos de concentración, intenta reproducir algo similar para los que no son sus ciudadanos.
Pero el problema estriba, de nuevo, en la ausencia de un pensamiento sólido que sirva de sustento irrenunciable a la construcción de un modelo de convivencia presidido por el respeto y la defensa de los derechos y libertades que dan identidad al Estado de Derecho. Cuando se permite que posiciones ideológicas o que movimientos sociales ataquen sin ningún tipo de cortapisas los valores democráticos, es fácil llegar a una Directiva como la que criticamos, pues valores que deben ser universales tienen ahora una dimensión accidental, de tal modo que su presencia en las relaciones sociales y políticas depende de una serie de circunstancias que a nosotros los europeos nos corresponde valorar.
La aprobación de la Directiva de Retorno va a suponer, sin duda, un hito de marcha atrás en la defensa de los principios y valores democráticos, y una vergüenza para todas y todos los que nos sentimos comprometidos con la construcción de un mundo en el que el color de la piel, los recursos económicos, la religión y la cultura no supongan un obstáculo para una efectiva igualdad de mujeres y hombres.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide
