Ángel Martín, en una visita anterior a los juzgados, estuvo este lunes en el Prado.
El exvicepresidente del Betis Ángel Martín se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar sobre los presuntos delitos en la gestión del club cuando lo dirigía Manuel Ruiz de Lopera, con lo que ha finalizado la comparecencia de imputados y en breve la jueza Mercedes Alaya emitirá un auto poniendo fin a la fase de instrucción.
Fuentes del caso han informado de que Ángel Martín, así como tres empleadas de Ruiz de Lopera, se han acogido hoy a su derecho a no declarar, dentro de la ronda convocada por la juez en la recta final de su investigación.
En las próximas semanas, Alaya resolverá si archiva la causa o transforma las diligencias en sumario o procedimiento abreviado, según la gravedad de los delitos que impute a los ocho acusados. En todo caso, hoy mismo ha comunicado verbalmente a las partes que incoará sumario, lo cual significa que ni mucho menos piensa archivar la causa.
Los grupos que forman la acusación, de todas formas, están pendientes de la postura que adopte la Fiscalía, que en los últimos meses ha solido oponerse a las decisiones de la jueza. El Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento de la causa, puede estar de acuerdo con lo que diga Alaya en el sumario o puede quedarse en un punto intermedio y pedir el procedimiento abreviado, por no estar de acuerdo con la totalidad del sumario incoado, pero sí en parte.
Esta ronda de declaraciones incluyó el pasado día 14 al propio Ruiz de Lopera, que también se acogió a su derecho a no declarar, y se produjo después de que los peritos judiciales que analizaron las cuentas del Betis confirmasen su peritaje sobre los perjuicios millonarios causados al club.
Según los peritos, Lopera perjudicó económicamente al Betis en 17 millones de euros entre 1999 y 2008 y en otros 12,4 millones de euros entre 1993 y 1998. Con ocasión de su comparecencia, Alaya lo imputó por haber considerado el Betis como "una fuente inagotable de negocio".
En estas diligencias están imputados el propio Ruiz de Lopera, el exvicepresidente Ángel Martín y otros seis acusados, trabajadores contratados por el exmáximo accionista del club y supuestos testaferros de sus empresas.
En otras diligencias encomendadas al juez de refuerzo de Alaya se sigue investigando la gestión de Luis Oliver, comprador de las acciones de Lopera, entre 2010 y 2011.
