Han llegado con la lengua fuera y después de un trabajo ingente. Las universidades sevillanas arrancan el próximo 27 de septiembre el nuevo curso con el cien por cien de su oferta académica completamente adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia).
Pero este curso no será noticia por el cambio de modelo educativo. Los rectores andan con la mosca detrás de la oreja. El Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE) ha anunciado que no habrá alegrías en el presupuesto de 2011 y las universidades no saben si echarse a reír o a llorar. Porque han tenido que afrontar la adaptación a Bolonia (cambios de planes de estudio, de metodología docente, de dinámica de trabajo de los departamentos…) a coste cero, pero lo que se les avecina no tiene mejor pinta. Fuentes académicas consultadas hablan ya de un recorte en sus cuentas de hasta un 20%. “Nos están ya calentando”, avisan.
Por eso, la comunidad universitaria no deja pasar la ocasión para recordarle al presidente de la Junta cuáles han sido sus compromisos. “Esperamos que Griñán mantenga su prioridad por la educación” es la consigna que repiten en la Hispalense y la Olavide. Lo hacen después de que el Partido Popular filtrase un documento en el que la Junta apostaba por aplazar un año el cumplimiento del acuerdo de financiación de las universidades. Esto, traducido a números, supone que en 2011 los campus percibirían lo mismo que en 2010. Pero las necesidades han cambiado. Son mayores.
Las clases deben reducir el número de alumnos (no deben pasar de 50), lo que necesariamente implica más contrataciones. Pero, al no haber dinero, no parece posible ni la contratación de más docentes ni siquiera el mantenimiento de la actual plantilla.
En la Universidad de Sevilla ya han hecho llegar a la Consejería de Innovación su solicitud de gastos en el capítulo 1 (pago de nóminas) para el ejercicio 2011: “La solicitud de cota de personal para este ejercicio se cifra en 299.6885.115 euros, esto es, igual a la cota aprobada inicialmente para el ejercicio 2010. Se quiere así expresar que la Universidad de Sevilla da muestras de contención y austeridad en los gastos de personal pero a la vez que reclama el mantenimiento de la financiación pública de las universidades”.
Este párrafo está recogido en el informe del rector del último consejo de gobierno antes de las vacaciones de verano. Las universidades no quieren oír hablar de recortes. Y, aunque Griñán y sus consejeros repiten que la educación y, en general, los servicios sociales, no sufrirán recortes drásticos, lo cierto y verdad es que los campus quieren ver para creer.
Las arcas de las universidades públicas andaluzas no han estado nunca bollantes. El último episodio ruinoso ocurrió no hace mucho y tuvo como protagonista a la entonces consejera de Economía Magdalena Álvarez. Ésta salió al rescate de las universidades y les obligó a auditarse anualmente para rendir cuentas de cómo, cuándo y dónde se gastaban cada euro público. A raíz de ahí, la Junta de Andalucía impulsó un modelo de financiación de las universidades basado en otros criterios que no fueran exclusivamente su tamaño. Entró en liza la productividad científica e investigadora, la transferencia e incluso la calidad de su docencia (medida ésta por parámetros objetivos). Pero la crisis económica puede dinamitar los buenos propósitos. Si no hay dinero, no avanza la investigación, ni la docencia ni la transferencia.
Las universidades aseguran que ya están exprimiendo la cáscara del limón. No pueden hacer más carambolas con los euros. La Olavide incluso ha tenido que recurrir a sus cargos académicos, a los que les ha reducido las deducciones de horas de clase que disfrutaban por ejercer una actividad de gestión “con el fin de liberar los suficientes recursos para hacer frente a la implantación de nuevas titulaciones”, en las que hacen faltan profesores, claro está.
Al Gobierno andaluz le va a costar cuadrar las cuentas, aunque ha adelantado que a educación destinará 132 millones más. No especifica cuánto de esa partida será para las universidades. La Junta tiene que reducir el déficit (ya lo ha hecho en las actuales cuentas, ahorrándose más de 1.500 millones de euros y tiene que situarlo por debajo del 1,3% del Producto Interior Bruto) y para ello tendrá que tirar de toda partida disponible. Las universidades se ponen de perfil. Y lo argumentan: “Trabajamos más, con menos sueldo y encima con la espada de Damocles de que la cosa puede ir a peor”, reconocen en la comunidad académica.
Los rectorados tienen una oportunidad para expresar sus dudas y preocupaciones la semana que viene, cuando están previstos los actos solemnes de apertura de curso. De lo que no cabe duda es de que si consiguen salir de ésta, vaticinan las fuentes, “habrá que darles un sobresaliente cum laude”.
