Con las elecciones autonómicas ya convocadas para el mismo día que las generales o viceversa, se respira más que nunca ese ambiente de campaña que a algunos les resulta estimulante, mientras que otros se ponen algodones en los oídos para preservar los tímpanos del inevitable fragor político que va a asediar nuestras almas de votantes -todos lo somos en potencia- hasta el día 9 de marzo.
Para esta ocasión, en Andalucía, estrenamos en elecciones autonómicas la nueva ley reguladora de la publicidad institucional, que se aprobó en el año 2005 y que, en resumen, viene a prohibir las campañas publicitarias en este periodo, no sólo de la Junta de Andalucía, sino también de las del resto de Administraciones con competencias en el territorio andaluz. También se prohíbe los actos inaugurales y las llamadas primeras piedras de realizaciones o proyectos a cuenta de los erarios públicos, incluidas las campañas de autobombo, aunque éste sea un concepto no tan fácil de definir.
La verdad es que con esto se obtienen varias ventajas -aunque se entiende que a los medios de comunicación y al sector publicitario les suponga un recorte en la facturación aunque se compensa con la propia campaña- porque se evita un elemento de distorsión para los propios ciudadanos que, de no ser así, se verían una vez más, agobiados por una frenética concentración de actos inaugurales, como ha ocurrido en otras ocasiones, e incluso lo acabamos de vivir en el último mes, que todavía era periodo hábil para este tipo de eventos propagandísticos.
Otro inconveniente que se soslaya es que, dentro de unos límites se evitan excesivos desequilibrios entre el partido en el poder y los de la oposición, porque éstos sólo tienen sus propios recursos para hacer campaña, mientras que el gobierno dispone de una doble vía, partido y administración, promesas y balances, para su venta electoral. Evidentemente, la aplicación de la ley, por muy estricta que sea, no va a poner a todo el mundo en las mismas condiciones de partida, pero algo sí que arregla.
A fin de cuentas lo que se intenta, y ese es el espíritu de la ley, es garantizar el juego limpio, y eso siempre es bueno, aunque después haya ocasiones en que no sea fácil de aplicar, sobre todo porque, como ya sabemos, lo del autobombo, como ocurre con las faltas en los partidos de fútbol, requiere la interpretación del árbitro. Y ya hemos visto lo que pasa muchas veces.
Así que, para evitar problemas innecesarios, son los responsables del gobierno y administraciones públicas, obligados cumplidores de la ley, quienes más interés han de poner en su estricta aplicación, y no caer en la tentación de deslizamientos interesados, que puedan poner en entredicho, no ya la letra sino el mismo espíritu de la ley. Así que en esta ocasión, y excepcionalmente, no estaría mal aplicar la cómoda máxima de: Ante la duda, abstente.
Juan Ojeda Sanz es periodista
