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Anticorrupción alerta del crecimiento «no justificado» del caso ERE

El fiscal vuelve a advertir sobre los riesgos de que prescriban los delitos imputados.

el 10 jul 2014 / 11:06 h.

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LA JUEZ DE LOS ERE IMPUTA A SOCIO DEL BUFETE VILLASÍS 7 DELITOS DESDE 1999 La Fiscalía Anticorrupción ya no oculta su evidente cisma con la jueza Mercedes Alaya y su forma de llevar la instrucción del fraude de los ERE. El último choque ha sido a cuenta de una documentación requerida por la magistrada al Parlamento y a la Cámara de Cuentas y que el Ministerio Público se niega a incorporar al caso para evitar «un crecimiento desmesurado y no justificado del volumen» del caso y así se lo pide a la Audiencia Provincial de Sevilla. A su juicio, estos nuevos documentos no vendrían más que a provocar una «dispersión» de los recursos disponibles para la investigación, en lugar de centrarse en concretar los responsables del fraude y recuperar los fondos públicos. El fiscal alude también al riesgo de prescripción de algunos delitos. El distanciamiento entre la jueza y los fiscales se debe en gran parte a los tiempos de la instrucción y al fraccionamiento de la misma, que a juicio de la Fiscalía agilizaría el procedimiento. Anticorrupción lleva meses solicitando que la causa sea dividida y parte de ella se eleve al Tribunal Supremo, en especial la de los aforados a los que Alaya ha señalado ya por activa y por pasiva en estos más de tres años de investigación. La magistrada se niega por ahora a ambas cosas, aferrándose a la continencia de la causa, es decir, a la necesidad de mantenerla unida para llegar a buen puerto. Eso sí, ya ha anunciado en un par de ocasiones que el caso está ya en «la recta final» y el hecho de que lleve varias semanas trabajando desde su casa hace que en los pasillos de los juzgados se rumoree que está preparando el auto para elevar el caso al Supremo en breve. La Audiencia es la que tiene la palabra ahora, después de que Anticorrupción solicitase a esta instancia superior que le ordene a la jueza despiezar el caso y elevar al Alto Tribunal lo que sea oportuno. A esta petición se une la planteada ahora y con la que los fiscales pretenden evitar más dilación en el caso que, entre otras consecuencias, conllevaría la «dificultad» de poder reintegrar los fondos públicos solo «por el mero transcurso del tiempo». La petición del fiscal se produce después de que en un auto, fechado el pasado 28 de mayo, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla aceptara parcialmente la solicitud planteada por la defensa de un ex alto cargo de IDEA. El letrado Juan Carlos Alférez reclamaba más documentación al Parlamento y a la Cámara de Cuentas, como «todas» las enmiendas realizadas por los distintos grupos parlamentarios en el periodo 2002-2009 relacionadas con la partida 31L, con la que se financió los ERE. La jueza admitió la petición «con el fin de mantener el adecuado equilibro entre la admisión de otras pruebas que pudieran ofrecer un resultado incriminatorio, pues la labor de éste juzgado está dirigida a investigar la realidad de los hechos». Sin embargo, la Fiscalía entiende que las diligencias que acuerde el juzgado «no deben de guardar o ir dirigidas a la búsqueda de un equilibrio, sino a la necesaria pertinencia en relación a la determinación de los hechos que se investigan y de las personas que hayan podido participar en los mismos». A esto añade que «salvaguardando en todo momento los principios de contradicción y de igualdad de las partes personadas», se ha de evitar «un crecimiento desmesurado y no justificado del volumen de la presente causa, así como una dispersión de los recursos humanos y materiales de la administración de justicia que demora aún más la práctica de otras diligencias ya acordadas». El Ministerio Público entiende, de esta forma, que los esfuerzos se deben centrar en «determinar la participación de personas y entidades en la percepción presuntamente ilícita de fondos públicos», pues cualquier demora puede que dificulte el reintegro de los mismos por el mero transcurso del tiempo». Además, Anticorrupción vuelve a incidir en los plazos y el peligro de prescripción de la responsabilidad penal, pues, como ya ha recordado en otros escritos, estos «vienen dados por los hechos que se le imputan a cada partícipe, no pudiéndose hablar de un plazo de prescripción general para toda la causa y común para todos los imputados».

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