La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión preventiva para el exchófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado por las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), dado la gravedad de los delitos que se le imputan. La Junta, el PP y el sindicato Manos Limpias se han adherido a la petición del Ministerio Público. Además, le reclama una fianza de 2,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. El PP, además, ha solicitado la "inmediata" detención de Antonio Albarracín, comercial de la aseguradora Vitalia, y que según el exchófer entregó dos sobres con dinero a Guerrero. Los populares también han pedido la clausura y precinto de la sede de la seguradora en Madrid.
La jueza Mercedes Alaya tendrá ahora que decidir si envía a la cárcel a Juan Francisco Trujillo, como ya hiciera con Guerrero, después de que haya reconocido que se gastó gran parte de más del millón de euros que recibió en ayudas públicas "en comprar cocaína para los dos". El exchófer está imputado por once delitos, ya que le considera autor de tres delitos de obtención ilegal de subvenciones, otro de falsedad en documento mercantil, tres de falsedad en documento oficial, además de los continuados de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.
