Sevilla dispone ya de un tercer fiscal delegado de Anticorrupción después de que la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, así lo reclamara hace unas semanas, aunque se conoció la pasada, a la Fiscalía General del Estado debido al incremento de trabajo que se ha producido en los últimos cuatro años a raíz de casos como el de las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE). La dotación de la nueva plaza, que ocupará el fiscal Fernando Soto Patiño, coincide con que Anticorrupción haya asumido la investigación de las supuestas facturas falsas del sindicato UGT en Andalucía, de la que se hará cargo Soto Patiño.
La decisión fue transmitida ayer, según confirmaron fuentes del Ministerio Público, después de que la Inspección Fiscal haya dado el visto bueno a la petición planteada por la fiscal jefe. De esta forma, Soto Patiño será el tercer delegado de Anticorrupción en la ciudad, uniéndose a los dos actuales, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Guerra. El nuevo fiscal será el que se haga cargo de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 6, que dirige la jueza Mercedes Alaya, por las presuntas facturas falsas de UGT-A, que desde ahora asume Anticorrupción.
Soto Patiño estaba adscrito hasta ahora a la Sección de Delitos Económicos y ya venía colaborando con Anticorrupción, pues es el fiscal designado para la causa abierta por Invercaria, la empresa pública de capital de riesgo de la Junta de Andalucía, y por la que el Juzgado de Instrucción 16 ya tiene abiertos tres sumarios.
Sevilla cuenta en la actualidad con una plantilla de 89 fiscales, sin que se haya ampliado la misma en los últimos cuatro años. Esta nueva dotación, que es una de las 14 nuevas plazas que se aprobaron recientemente para toda España, supone que en Andalucía existan ya siete delegados de esta especialidad, pues Málaga cuenta en la actualidad con cuatro de ellos.
La Fiscalía Anticorrupción es la competente en causas tan voluminosas y complejas como el caso ERE, que también investiga la jueza Mercedes Alaya, en la que se superan ya los 140 imputados entre ellos una veintena de cargos y exaltos cargos públicos además de la preimputación a los dos expresidentes de la Junta, lo que ha dado lugar a maratonianas jornadas de declaraciones en las que el fiscal debe estar presente para participar en el interrogatorio.
Un caso que, por número de imputados y volumen del sumario, es comparabale a Malaya, en el que se investigó el desfalco continuado a las arcas del Ayuntamiento de Marbella. Además, los dos fiscales de Sevilla llevan las causas abiertas por Mercasevilla, de ahí que recurrieran a Soto Patiño para el caso Invercaria. Se da la circunstancia de que el juez que investiga esta causa abrió recientemente otras ocho más contra diferentes empresas públicas de la Junta.
Una amplia cartera sobre irregularidades en ayudas públicas
La cartera que recibe el fiscal Fernando Soto Patiño viene bien cargada. De entrada, Anticorrupción ha asumido la causa por las supuestas facturas falsas de UGT, caso que ya ha sido asignado al nuevo delegado. El caso está siendo investigado por la jueza Mercedes Alaya que lo mantiene bajo secreto de sumario. De hecho, recientemente el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se inhibió a favor de Alaya para investigar al secretario general de UGT, Cándido Méndez, al considerar que la denuncia planteada por el sindicato Manos Limpias sobre las irregularidades en la gestión de los fondos de formación que gestiona IFES, el organismo de formación de UGT, estaba relacionada con la investigación abierta por la magistrada. En esta causa, Alaya indaga si existieron irregularidades en el cobro de subvenciones públicas.
Pero no será la única causa que tiene que asumir el nuevo fiscal Anticorrupción, pues él ya había asumido el caso Invercaria, la empresa pública de capital de riesgo de la Junta de Andalucía, en el que se investiga las presuntas irregularidades en las ayudas otorgadas por esta entidad. Una causa que, investiga el Juzgado de Instrucción número 16, y que se ha desgranado en tres, ya que se indaga sobre las subvenciones a las empresas Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), Operador Aéreo Andalus y Fumapa. En esta última rama, el magistrado decidió recientemente imputar a toda la cúpula de Invercaria.
Asimismo, de la investigación del caso Invercaria, y gracias a una serie de documentación recabada en el caso, se abrieron otras ocho causas para indagar supuestas irregularidades en la gestión de ocho empresas públicas andaluzas, entre las que se encontraba la RTVA.
33 Por último, aunque aún está bajo secreto de sumario, es probable que Anticorrupción acabe asumiendo el caso Fitono, en el que se investiga el supuesto cobro de dádivas a cambio de contratos públicos
