Jacinto Cañete.
La jueza Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), vuelve a arremeter con fuerza contra la Junta de Andalucía y su actuación en la tramitación de las ayudas y subvenciones. Alaya asegura que durante una década y sin contar con fiscalización previa se repartieron millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical y a personas cercanas a los círculos de poder. Un modelo que, a su juicio, se convirtió en uno de los instrumentos de la política económica de la Junta. Unas duras acusaciones que recoge en la imputación del actual secretario general de la Agencia IDEA, Juan Francisco Sánchez García, quien tuvo una primordial participación en el sistema de pagos que se ideó.
Sánchez García fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo desde el año 2000 hasta mayo de 2004, cargo que luego pasaría a desempeñar en la Consejería de Innovación. En 2010, pasó a ser director de Administración y Finanzas de la Agencia IDEA y desde 2012 es su secretario general. Precisamente, la jueza le considera que por los cargos que ha ido ocupando en la Junta fue uno de los impulsores del sistema de concesión de ayudas sociolaborales, prescindiendo del procedimiento legal de subvenciones, a través de la instrumentación de IFA [la actual Agencia IDEA] para el pago de las mismas, mediante transferencias de financiación allegadas desde la Consejería de Empleo. Un sistema que se iniciaría en el año 2000 y perduraría durante un década, y que desde el comienzo, sin contar con fiscalización previa, ni bases reguladoras, fue absolutamente discrecional.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 llega a preguntarse cómo se pasó de un procedimiento para otorgar subvenciones de forma legal a éste, a lo que ella misma responde que a través de las modificaciones presupuestarias, en la que el alto cargo tendría un papel fundamental, pues al mismo le correspondería el impulso y ejecución de la actividad presupuestaria y gestión del gasto. El segundo paso, añade la jueza, sería la introducción de dicha partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el propio Presupuesto, tarea en la que Sánchez García tendría una primordial participación, pues le correspondería la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de la Consejería. Para ello se aprovecharía de la complejidad del lenguaje presupuestario, que es solo accesible a expertos.
El resultado fue, según resume Alaya, un uso completamente arbitrario de los fondos públicos, incumpliéndose los más elementales principios de actuación de la Administración consagrados en el Estatuto de Autonomía. Además, esto provocaría un uso desmesurado, asumiendo compromisos por encima del techo presupuestario, generándose un déficit en los años 2003, 2004 y 2005 que ascendió a 38, 93 y 94 millones respectivamente. Por último, añade que, pese a a conocer los reparos de la Intervención, daría continuidad al sistema que había permitido la adjudicación irregular de subvenciones. Unos hechos por los que la instructora le imputó los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. El alto cargo, tras conocer esta durísima imputación, se negó a declarar, acogiéndose a un escrito presentado la semana pasada por su abogado, Francisco Baena Bocanegra, en el que lamenta que la jueza haya asumido inequívocamente como criterio la falta de toda potestad subvencionadora de la Agencia IDEA y asegura que difícilmente se puede insinuar la existencia de un desmesurado y gigantesco concierto criminal. Al término de la declaración, la Fiscalía Anticorrupción solicitó para él una fianza civil de 10 millones de euros. Ayer, también estaba citado el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, a quien la jueza le imputó los mismos delitos, mientras que el fiscal solicitó para él una fianza de ocho millones de euros. Cañete también se negó a declarar, ratificándose en sus declaraciones en la comisión parlamentaria, en la que dijo que IDEA no era más que una caja pagadora. El exalto cargo también se acogió a un escrito de su letrado, Juan Carlos Alférez, en el que destaca que la Cámara de Cuentas bendecía, asentía y confirmaba las trazas esenciales del programa presupuestario 31L y que informaba al Parlamento de la misma sin tacha de ilegalidad.
