La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga las nueve causas para aclarar la gestión de estas empresas públicas, que reclame a la Intervención General de la Junta aquellos documentos que le llevaron a afirmar que nueve empresas públicas utilizaron para su contabilidad transferencias de financiación ilícitas, como ocurrió en el caso de los ERE. La Fiscalía realiza esta petición tras haber analizado todos los expedientes que hasta ahora han llegado, sin que por el momento haya localizado las irregularidades señaladas por la Intervención en un informe que fue el que dio lugar a la apertura de estos casos. Según han informado fuentes del caso, la petición la ha planteado Anticorrupción tras revisar una ingente cantidad de documentos sobre la cuentas de estas empresas en los últimos diez años, una tarea que les ha llevado meses. Por eso ahora le pide a la Intervención de todos los documentos, informes y expedientes que haya manejado para llegar a aquella conclusión, según la cual las transferencias que estas empresas recibían eran ilícitas. De hecho, estas causas, que investiga el Juzgado de Instrucción número 16, se abrieron a petición del Ministerio Público quien señaló que estas entidades recibieron fondos públicos que evadieron el control previo, utilizando la fórmula de las transferencias de financiación, la misma que se empleó para el pago de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Los fiscales le piden al titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, que abriera estas nuevas causas después de haber examinado diversa documentación aportada por la Intervención de la Junta de Andalucía en el seno de las diligencias abiertas por Invercaria y al entender que pudo existir menoscabo de fondos públicos. El Ministerio Fiscal explicaban que las irregularidades detectadas no tienen conexión con la investigación de Invercaria y por ello solicita la apertura de estas causas. En concreto, el escrito reclamaba que se investigara la gestión de los fondos públicos de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa. Luego la investigación se amplió también a la Empresa Pública del Suelo (Epsa). También alude a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), aunque en este caso no solicita que se inicie una investigación, pues la misma ya se lleva a cabo por parte de la jueza Mercedes Alaya en el seno de las diligencias abiertas por los ERE. De hecho, en su escrito también le piden al magistrado que remita a Alaya varios documentos recibidos en esta causa. Tras examinar los informes, los fiscales concluían que la utilización de las transferencias de financiación para el abono final por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa siendo ésta exigible en ambos casos. Por ello, considera necesario investigar si la utilización del reseñado procedimiento puede ser constitutivo de ilícito penal prevaricación o/y malversación de caudales públicos, de existir menoscabo de los mismos. Para ello, los fiscales le reclamaron al juez que le solicite a la Intervención los informes definitivos de cada una de las empresas de los ejercicios 2003 hasta el último elaborado.
