Anticorrupción pide enviar la causa contra Chaves y Griñán al Supremo

El auto de la Fiscalía justifica la decisión no sólo en "la extensión y complejidad" de la causa sino en "lo incierto de su horizonte temporal".

el 31 mar 2014 / 11:41 h.

La Fiscalía Anticorrupción dio ayer un golpe de efecto a la investigación por el supuesto fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE). En un contundente escrito le plantea a la jueza Mercedes Alaya dos cuestiones que supondrían un giro en la instrucción y a las que la magistrada se viene resistiendo: la división de la causa en varias piezas y la elevación al Tribunal Supremo de la parte del procedimiento referida a los aforados, entre los que se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En concreto, el fiscal cree que se debe abrir una causa por cada expediente, otra para investigar las sobrecomisiones de las mediadoras y sindicatos, y otra para indagar el «procedimiento específico» para abonar las ayudas. chaves_grinan Cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 6 tiene ya prácticamente cerrado un nuevo calendario con declaraciones de imputados, la Fiscalía ha sorprendido a la jueza con esta petición en aras de «simplificar» una complicada y extensa e instrucción, que incluso facilitaría «recuperar los fondos malversados». Es difícil predecir qué hará la magistrada después de que por primera vez alguien le haya planteado por escrito que tiene que elevar ya el caso, porque la investigación que rodea a los aforados está «ya agotada». Ella ha señalado a Chaves y a Griñán, pero también a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, todos aforados. No pueden ser imputados por Alaya sino por el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La petición de Anticorrupción se produce en una fecha en la que la sombra de la posible prescripción de los delitos que pudo cometer Viera en su cargo como consejero de Empleo planea sobre la investigación. Fuentes del Ministerio Público ni confirman ni desmienten, y se remiten a lo planteado en su escrito. Sin embargo, es una cuestión que hasta la propia jueza tiene sobre su mesa, según su entorno. Todo dependerá de los delitos que finalmente se le impute, pero hay quien apunta a los diez años de vigencia, que se cumplen a finales de este mes que ahora comienza. En el escrito de ayer, el fiscal resume en cuatro los tipos delictivos: «prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad». Fuentes del caso siempre han señalado que la jueza no da el paso de elevar el caso, y en especial lo referente a Viera, porque está a la espera de un informe de la Guardia Civil sobre las ayudas concedidas en la Sierra Norte de Sevilla, que apuntaría al parlamentario socialista. El escrito coincide con que hace algunos días el que fuera Interventor de la Junta, imputado también en la causa, Manuel Gómez remitiera al juzgado una documentación en la que lamenta que el Gobierno andaluz hiciera «caso omiso» a sus alertas sobre la gestión de la partida 31L, de la que se nutría el fondo de los ERE. Alaya, además, ya señaló en diciembre de 2013 al conocimiento que tenían tanto Chaves como Griñán de que las ayudas se estaban otorgando al margen de la legalidad. Sin embargo, al no tener competencias no concretó qué delitos podrían haber cometido. El otro punto conflictivo es la división de la causa. No es la primera vez que se le plantea, pues en enero se lo solicitó el abogado de un imputada y ella se negó alegando que los ERE se basaban en una «estructura piramidal» en la que una misma persona podía tener responsabilidades en distintos expedientes. Las defensas de algunos imputados ya mostraron su recelo por la división y por cómo se podría elevar al Supremo, ya que a los llamados «imputados transversales» (los que tienen responsabilidades políticas) pueden resultar perjudicados.

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