La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga las facturas falsas del sindicato UGT-A que impute a los dos ex secretarios generales de la organización Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla porque ambos "no sólo conocían los hechos investigados, sino que tomaban decisiones en relación con estos hechos". El fiscal hace un relato detallado y claro de todas las irregularidades detectadas en la contabilidad de UGT-A, que "a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación" obtuvo una vía "de financiación irregular".
En su contundente escrito, el fiscal señala que los hechos investigados comienzan a implantarse, "cuando se puso en marcha la llamada central de compras", una idea que fue "inspiración directa de Manuel Pastrana", secretario general del sindicato hasta mayo de 2013, y "continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández", no solo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana.
RAPEL Y BOTE Las vías de "financiación ilícita" eran dos: el denominado rapel y el bote. En cuanto al primero,el Ministerio Público explica que esta práctica consistía en "repercutir un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor", que luego era "ingresado en la cuenta señalada por el sindicato". A la hora de justificar las subvenciones ante la Administración, UGT "presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones". El beneficio que se lograba con esta práctica, añade el fisal, "se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales". Un reparto que se acordaba en el seno de "la comisión ejecutiva".
En cuanto al bote, el escrito relata que mediante "esta figura el sindicato encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previopago de esas facturas". Esta práctica permitía a la organización sostener "actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote" y se permitía sufragar "con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".
La Fiscalía también destaca que en la rendición de cuentas del que fuera tesorero de la organización durante una década Federico Fresneda, imputado ya en elcaso, se "incluía el monto obtenido por el rapel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión". El rapel, según Anticorrupción, "lo pagaban empresas con una intensa relación de proveedores de UGT", ya que pese a que la responsable del departamento de compras, Dolores Sánchez, intentó incorporar nuevos acreedores, Fresneda "sistemáticamente obstaculizaba esta posibilidad, a pesar de contar los nuevos proveedores con condiciones más ventajosas para el sindicato y en definitiva las arcas públicas".
Como la firma para contratar era mancomunada entre Fresneda y Fernández, "es de suponer que fuesen ambos los que imponían un rapel a estas empresas, según lo acordado en la comisión".
Por su parte, el bote llegó a tener plasmación contable y registral en un sistema informático, llamado Spyro, que "contaba con apartados para asentar tales anotaciones al margen de la legalidad". Una tarea para la que Pastrana nombró a la también imputada María Charpín, según el fiscal.
GASTOS PAGADOS CON AYUDAS Anticorrupción también explica como uno de los testigos, el ex secretario de Cultura y Formación del sindicato, señala "como había una decisión de retener un 20 por ciento de todas las subvenciones que recibía el sindicato para fondos de formación y destinarlo a gastos corrientes del mismo y que era conocido por la ejecutiva regional como el canon revolucionario". "La financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud, que prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación", añade el fiscal, pues "tan solo un porcentaje muy residual, injustificables per se y, no se sufragaban de tal forma".
Por último, la participación de ambos "no sería menor que en aquellos hechos, que aun de modo accesorio, pudieran ser constitutivos de otros delitos, como falsedades y otros que aun se encuentran en fase de primaria investigación por la Guardia Civil, como son las irregulares subcontrataciones con terceros y entidades vinculadas y dependientes del propio sindicato".
