La Fiscalía de Sevilla ha reclamado que al exdirector general de Trabajo Daniel Rivera se le imponga una fianza de 57 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, no para eludir la cárcel. Una petición a la que se han adherido tanto el PP como el sindicato Manos Limpias, mientras que, ni UGT ni la Junta de Andalucía, que también ejercen la acusación particular no han solicitado la imposición de ninguna medida. Es la primera vez que la Junta no reclama la imposición de fianza para uno de los imputados.
El cálculo de la Fiscalía se basa en los casi 43 millones de euros que Rivera otorgó en ayudas al frente de la Dirección General de Trabajo, entre abril de 2010 y junio de 2012, más el tercio legal que obliga la Ley. La Junta, sorprendentemente, no ha reclamado ningún tipo de medida cautelar, una decisión que justo coincide con el relevo del letrado Ignacio Carrasco, que hasta ahora ha llevado la causa, por la abogada Mercedes Izquierdo.
La defensa de Rivera se ha opuesto, al igual que el resto de abogados de las defensas, a la imposición porque "no hay indicios racionales de criminalidad y por tanto no procede medida".
