La Fiscalía Anticorrupción insite en que el caso de los fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) debe dividirse en varis piezas y que "una" de ellas debe elevarse al Tribunal Supremo al afectar a varios aforados. Después de que la jueza Mercedes Alaya denegase la petición alegando que no era el momento y que la instrucción la va a finalizar "en breve", el fiscal ha decidido recurrir ante la Audiencia Provincial para que sea ésta la que decida al respecto. Un planteamiento que vuelve a dejar patente el enfrentamiento y las posturas encontradas entre la magistrada y el Ministerio Público. El pasado 29 de abril la jueza rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que suspendiera las declaraciones del "tándem" formado por los empresarios de la Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago, previstas para ese día, y de los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, previstas para el día 12 de mayo. Final del formulario La Fiscalía pidió suspender todas estas declaraciones al entender que se deben formar piezas separadas y elevarlas al Tribunal Supremo al verse afectadas personas aforadas, pero la juez recuerda el auto de 3 de abril en el que rechazó la petición de la Fiscalía para que abriera una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas. En el auto, la magistrada destacaba "la importancia en el momento actual de mantener la continencia de la causa, sin perjuicio de lo que resulte una vez concluidas las diligencias que necesita esta instructora para dar por concluida la investigación, lo cual se estima en breve plazo".
