Recurso de la Fiscalía Anticorrupción (PDF) / Auto de la juez Alaya (10/09/13) I. Morillo / L. Blanco La Fiscalía Anticorrupción ha decidido pedir la nulidad del auto dictado el pasado martes por la jueza Mercedes Alaya que planteaba la imputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros cinco exconsejeros en el caso de los ERE, que investiga el desvío de fondos públicos de Empleo durante una década. Anticorrupción ha dado el paso de recurrir ese polémico auto directamente ante la Audiencia Provincial de Sevilla al entender que la resolución no está suficiente fundamentada. Reclama a Alaya que aclare qué se les imputa, de qué se les acusa y bajo qué pruebas, porque en caso contrario el paso que ha dado, sostienen, genera indefensión.
El ministerio público asegura que carece de suficiente descripción de los hechos investigados que afectan a cada uno de los siete aforados. Considera que la magistrada debe detallar los hechos, que podrían ser constitutivos de delito, para garantizar los derechos de las personas citadas en este escrito. La Fiscalía pide que el auto quede anulado y se deje sin efecto, al entender que no es ajustado a derecho.
En un escrito de seis páginas fechado ayer, Antiocrrupción pone en duda el paso dado por la jueza Alaya el pasado martes, cuando calificó de imputados provisionales a Chaves y Griñán y los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. La magistrada, en un polémico escrito que reventó la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, informó a los expresidentes y exconsejeros citados, todos aforados ante el TribunalSuperior de Justicia de Andalucía o ante el Tribunal Supremo en su condición de diputados en el Parlamento o el Congreso, que podían personarse en la causa para defenderse. Alaya los invitaba a declarar ante cierta carga incriminatoria por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Para ello se basaba en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a diputados y senadores ejercitar su derecho de defensa cuando se les impute un acto punible.
La Fiscalía Anticorrupción hace también un pormenorizado análisis de ese artículo cuya aplicación, avisa, no es muy frecuente. No pone en duda que se pueda ofrecer a los aforados la posibilidad de personarse en una causa penal y ante un tribunal ordinario para si lo desean, pero sí pone en tela de juicio que en este caso la jueza Alaya haya cumplido los requisitos necesarios para aplicar ese vericueto legal. Advierte de que en todos los casos en que se ha invitado a un aforado a personarse y declarar sin acudir a instancias judiciales superiores se parte de la existencia de un marco de imputación concreta. Eso no ocurre, subraya Anticorrupción, en el auto de Alaya. No existe en esta causa una denuncia o querella o un atestado policial que contenga siquiera un concreto relato de hechos e indicios de responsabilidad penal de uno o más de los aforados indicados en el auto, razona el recurso de la Fiscalía. En ninguna de las denuncias presentadas en este caso, agrega, se dirige la acción penal o se denuncian hechos penalmente relevantes atribuibles a ninguna de las siete personas aforadas a las que menciona la jueza del caso de los ERE.
En su auto, la magistrada cita como posibles pruebas incriminatorias las declaraciones del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, del exinterventor general de la Junta, la documentación presupuestaria y las investigaciones sobre el reparto de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla epicentro de la presunta trama corrupta. En ese sentido, la Fiscalía alega que ninguna de esas actuaciones contienen per se un relato suficiente de hechos o indicios criminalmente relevante que afecten de manera precisa a Chaves, Griñán o los cinco exconsejeros citados. Insiste además en que aún queda por conocer el informe de la Guardia Civil sobre la trama de empresas de la Sierra Norte de Sevilla y el informe que se encargó a la Intervención General del Estado sobre el reparto de estos fondos públicos. En febrero de 2012, la Guardia Civil sí entregó un primer informe sobre el reparto de ayudas en la comarca sevillana, que con 30.000 habitantes obtuvo el 70% de las ayudas otorgadas por Empleo. Ahí sí atribuyen un papel esencial al exconsejero José Antonio Viera, al que Alaya cita en su último auto.
La Fiscalía solicita a la magistrada que motive mejor su auto a fin de no generar indefensión a los afectados. Anticorrupción no pide a la instructora que eleve el caso al Supremo. Se trataría de delimitar, en un nuevo auto, las pruebas e indicios de los que dispone y delimitar los posibles delitos que le podrían ser imputados: La ley pretende que conozcan qué se les imputa, de qué se les acusa y por ello, una vez conocido, ejercer, incluso en el juzgado de instrucción de origen y sin perder su fuero, los derechos comunes de cualquier imputados.
La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial, por lo que deberá de ser resuelto por la Sección Séptima, la misma que, en un auto dictado en agosto instó a la jueza a apurar y depurar la instrucción para completar la investigación, advirtiendo incluso de que Alaya podía tomar declaración a un aforado en el caso de que éste se prestara voluntariamente. La magistrada basó parte de su auto en esta resolución.
El caso de los ERE investiga durante una década el reparto de ayudas de la Consejería de Empleo para empresas en crisis. Estas ayudas, según la instrucción, se habrían repartido al margen de la ley de subvenciones y utilizando un camino paralelo (transferencias de financiación) que permitía eludir los controles. Se provocaron millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década que permitieron desde el 2000 ese uso ilícito de fondos públicos. El fondo bajo sospecha asciende a 1.500 millones de euros, de los que se pudieron malversar unos 150, según se ha sabido hasta ahora.
