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Anticorrupción recurre el auto en el que Alaya apartó a la Policía de la investigación de los cursos

Solicita a la juez que aclare que esta decisión sólo afecta a su investigación y no a las que se hacen en otros órganos judiciales

el 31 oct 2014 / 15:24 h.

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Mercedes_AlayaLa Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto en el que la juez  de Sevilla Mercedes Alaya libró oficio al director general de la  Policía, Ignacio Cosidó, para que este Cuerpo cesara "de inmediato"  su investigación en torno a las irregularidades en los cursos de  formación y, de esta manera, la investigación quedara en manos de la  Guardia Civil. En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio  Público asevera que, "compartiendo el criterio de la instructora de  que no pueden existir dos investigaciones paralelas realizadas por  ambos cuerpos, bajo el amparo de cese de investigaciones" de la  Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía acordada  "no pueden encontrarse aquellas que legítimamente se encuentran en  proceso de investigaciones en otros órganos competentes". Así, y aunque ve "claro" que, en uso de sus legítimas potestades,  la autoridad judicial "puede encomendar la investigación del objeto  procesal a un determinado cuerpo y unidad especializada", pide no  obstante a la juez que "complemente" el requerimiento dado al  director de la Policía "en el sentido que solamente se extienda a  aquellas investigaciones objeto del presente procedimiento y no a  aquellas que se desarrollan en cada provincia bajo la suprema  autoridad de los respectivos órganos judiciales". En segundo lugar, solicita que, "sin perjuicio de las atribuciones  que como instructora atañen a la juez y la facultad de encomendar a  un determinado cuerpo y unidad la investigación, se exija igualmente  la coordinación al debido nivel entre ambos cuerpos en lo que al  objeto procesal de estas investigaciones se refiere y siempre en aras  al buen fin de la investigación, tanto en las actuaciones ya  practicadas como en las que pudieran realizarse en el futuro". Anticorrupción recuerda que el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/86  de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dice que "los miembros  de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al  principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a  través de los órganos que a tal efecto establece esta Ley", mientras  que el artículo 12 "establece que las Fuerzas y Cuerpos están  obligados a la cooperación recíproca en el desempeño de sus  competencias respectivas". De igual modo, recuerda que el artículo 34 dispone que "los  funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán  serremovidos o apartados de la investigación concreta que se les  hubieraencomendado, hasta que finalice la misma o la fase del  procedimiento judicial que la originara, si no es por decisión o con  la autorización del Juez o Fiscal competente". La Fiscalía, en este sentido, recuerda una sentencia del Tribunal  Supremo para poner de manifiesto que "las discrepancias que puedan  existir entre diversas instituciones del Estado, deberán encontrar  sus vías de resolución a través de la comunicación fluida, honesta y  completa, prevaleciendo finalmente, y en todo caso, el criterio de la  autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, según el supuesto de que  setrate". "COOPERACION RECIPROCA" De este modo, "la solución a la existencia de varios colectivos  policiales que actúan en un mismo territorio con funciones similares  y, al menos parcialmente comunes, obliga necesariamente a la  cooperación recíproca y a su coordinación, siempre en un marco de  lealtad que debe imponerse en un sistema constitucional como el  nuestro". En su recurso, de reforma y subsidiario de apelación ante la  Audiencia Provincial, la Fiscalía relata que, "paralelamente" a la  investigación que inició la juez sobre el fraude en los cursos de  formación, "en meses anteriores se han venido desarrollando  investigaciones" por parte de la Brigada Central de la UDEF en la  denominada operación 'Edu', "donde se ponían de manifiesto igualmente  irregularidades en la concesión, gestión y justificación de estos  fondos". Según la Fiscalía, estas diligencias, "en principio de la Fiscalía  de Málaga", quedaron divididas en distintos procedimientos y turnadas  y remitidas a fiscalías y juzgados de las provincias andaluzas bajo  una serie de criterios, como es en primer lugar que "se trata de  expedientes acordados por la delegaciones provinciales del Servicio  Andaluz de Empleo (SAE)", por lo que "la sede del órgano concedente  es un criterio de atribución competencial".

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