Anticorrupción avala el auto de Alaya que imputa a 20 cargos de la Junta

El Ministerio Público replica que la jueza no vulnera el derecho de los imputados por no explicarles su delito

el 19 jul 2013 / 13:44 h.

alayaLa Fiscalía Anticorrupción impugnó ayer el recurso de apelación interpuesto por la Junta contra el último auto de la jueza Mercedes Alaya, en el que imputa a 20 altos cargos y ex cargos del Gobierno, entre ellos la exministra y exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez, y el actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano. En un escrito adjunto, el fiscal se opone también a la petición de la Junta de suspender las citaciones de los imputados, que arrancan la semana que viene con la declaración del exinterventor de la Junta, Manuel Gómez. La Junta, personada como acusación particular en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE), recurrió el último auto ante la Audiencia Provincial de Sevilla por considerar que la jueza no había motivado la imputación de los acusados. El auto no mencionaba qué delitos les atribuía y el gabinete jurídico arguyó que los imputados podrían solicitar la nulidad del proceso por defectos de forma más adelante. A espera de que la Audiencia se pronuncie, el fiscal ya se ha posicionado en contra de la Junta, además admite que le “llama la atención” que una acusación particular dedique “hasta seis folios” para oponerse a un auto de imputación. El PP se expresó también en este sentido y solicitó a Alaya que expulse a la Junta de la causa por actuar “como acusación y como defensa”. El Gobierno andaluz, apoyado en varios juristas, fue muy duro al cuestionar el auto de Alaya. Su tesis era que la jueza desprotegía a los 20 cargos de la Junta al no aclararles los motivos de su imputación. La Fiscalía no está de acuerdo: “No es plenamente exigible para el respeto del derecho de defensa que tal relato [el auto de imputación] sea lo más pormenorizado posible en el momento de prestar declaración debidamente asistido de letrado y con todas las garantías legales, como el derecho a no responder a las preguntas” de la jueza. Anticorrupción rebaja la importancia del auto, lo reduce casi a un mero trámite, y para explicarlo se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo “cuando proclama que no constituye todavía un acto de imputación judicial, aunque permita al querellado comenzar a defenderse en el proceso conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. El otro argumento de la Junta para recurrir el auto está directamente relacionado con la línea de defensa de sus responsables políticos, que reivindican la legalidad del procedimiento para la concesión de ayudas (donde se concentra el fraude) y las leyes que lo amparan. Así, la Junta acusa a Alaya de poner en peligro la democracia y el Estado de derecho por cuestionar el sistema de transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias, ambas aprobadas en Consejo de Gobierno, y también las leyes de presupuestos, validadas en el Parlamento, que incluían el fondo de 721 millones con el que se financiaron los ERE de 2001 a 2010. Ante la idea de que la jueza está “criminalizando tales figuras y su uso”, dice el fiscal: “sí y no”. Anticorrupción defiende que el argumentario de Alaya no ataca las leyes en sí, sino “el uso perverso” que se hizo de ellas. “Un uso dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta como medio para poder dilapidar los fondos públicos (...) y esa finalidad sí es penalmente relevante e implica a todos los que conociendo tal uso perverso lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron”, dice el fiscal. El Ministerio Público recopila las declaraciones del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández (imputado por malversación, prevaricación y cohecho, entre otros delitos), para ilustrar “la fórmula montada con apariencia formal de legalidad pero con una última finalidad fraudulenta, incidiariamente delictiva, que supera la categoría de infracción administrativa”. La Fiscalía corrobora el “uso indebido de la figura de las transferencias de financiación, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales, lo que facilitaba su no fiscalización”. Un argumento que el presidente José Antonio Griñán se ha esforzado en desmentir desde el principio. Ayer, al ser preguntado por el caso ERE, Griñán aseguró que “la seguridad jurídica no tiene tiempo, se gana con el tiempo”. IU se niega a que el Gobierno pague la defensa del exinterventor Tras conocerse que el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, ha solicitado formalmente que la asistencia jurídica de la Junta cubra su defensa como imputado en el caso ERE, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, insistió ayer en que la Junta no debe pagar ni asistir a ninguno de los  imputados en el caso de las irregularidades de los expedientes de  regulación de empleo (ERE). Gómez, citado a declarar el próximo 25 de junio, es el único de los 20 ex altos cargos imputados por Alaya que ha reclamado al Gobierno andaluz que le preste asistencia jurídica, un derecho que le ampara según la ley. La Junta aún no ha respondido, en espera de que la Audiencia  Provincial de Sevilla resuelva su recurso contra el auto. Luego el gabinete jurídico, y finalmente la Consejería de Hacienda (de la que dependía Gómez), tendrán que emitir sendos informes sobre la conveniencia de pagarle el abogado a Gómez. Esta tesitura plantea un problema entre los socios de Gobierno, porque la consejera de Presidencia, Susana Díaz, afirmó que “lo lógico” sería que la Junta abone la minuta de su abogado a posteriori, en caso de que sean absueltos (una posibilidad que no contempla la ley), mientras que Maíllo recordó ayer que la posición de su formación es contraria a que se pague la defensa de los imputados de los ERE “ni ahora ni después”. Todo dependerá de la lectura que los servicios jurídicos hagan de la normativa autonómica, que data de 2000, y que regula la defensa de los empleados públicos ante cualquier litigio judicial en el desempeño de sus funciones. La ley dice que la Junta “podrᔠcostear la minuta de sus abogados, y está por ver hasta qué punto es taxativo ese “podrá”. Por otro lado, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias negó ayer que el conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT  Juan Lanzas esté “recibiendo un trato de favor” en la cárcel de  Sevilla-I, como han denunciado otros reclusos. Lanzas ha sido nombrado “coordinador de actividades” de otros presos.  

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