La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla estima que hay suficientes pruebas como para que el juez llame como imputados a José María Bueno Lidón, ex presidente de El Monte, y José Selfa, ex director de su grupo empresarial, por irregularidades durante su gestión que supusieron un perjuicio económico para la entidad, "a la que se defraudó y engañó".
Poco más de un mes, desde que le fuera remitido el caso, ha tardado la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en formular el escrito por el que interpone una querella contra el ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón y el ex director general del grupo de empresas de esta caja de ahorros José Selfa por presuntas irregularidades cometidas en la venta de una participada, siendo una operación que acarreó para la entidad un perjuicio económico, y por el que Cajasol -nacida de la fusión de aquélla y San Fernando- ha reclamado por la vía civil casi 18 millones de euros como resarcimiento.
En concreto, la querella hace referencia a presuntos delitos de fraude, omisión de información a los órganos directivos, disposición fraudulenta de los bienes de la caja, concierto (pacto) con los compradores para valorar la sociedad vendida a un precio inferior al de mercado y perjuicio económico a la entidad que administraban Bueno Lidón y Selfa, esto es, El Monte -ahora Cajasol- y el grupo en el que se integraban sus participadas.
Otoño de 2005. La operación atañe a la adjudicación del 30% que la caja sevillana tenía en la sociedad inmobiliaria HC, a su vez propietaria del 5% de Metrovacesa, a la familia Sanahuja, principal accionista de esta última. Se fraguó bajo la fórmula de un contrato de opción de compra y venta de acciones y con un precio cerrado, y fue acordada por una de las instrumentales de los Sanahuja, Oldenew Investment, y Selfa, a pesar de que éste, por exceder la operación los 6 millones de euros, carecía del previo consentimiento por parte del consejo de administración de El Monte. Es decir, y según se desprende de la querella, actuó al margen.
El escrito de la Fiscalía, sustentado hasta en tres informes de auditorías encargados por la caja, señala que la operación fijó, y sin posibilidad de variación, un precio de 761,17 euros por acción, con un importe total de 32 millones de euros.
En ningún momento, y a pesar de su volumen económico, este paquete se sometió a estudio, valoración o tasación independientes, lo que implicaba, según la Fiscalía, que no se dieran las garantías "mínimas razonables" para que tal transacción se afrontara conforme al precio real del mercado.
Siempre según el escrito del fiscal, la existencia de este contrato tarda en comunicarse doce días al órgano pertinente de El Monte, y se hace simplemente como mero formalismo -para cumplir los trámites- y a sabiendas de que todo estaba pactado -"un hecho consumado"- con el comprador, la familia Sanahuja.
De hecho, José María Bueno Lidón y José Selfa eran miembros del consejo de administración de HC y, por tanto, dijeron sí con anterioridad a la escisión parcial de esta sociedad y la venta de sus títulos en Metrovacesa. Cada uno de éstos valía en bolsa 57,6 euros y a 41,3 fue vendido.
El propio Banco de España estimó que El Monte había percibido 19,3 millones menos de lo correcto.
