La Fiscalía Anticorrupción se sumó ayer a las querellas presentadas por Cajasur contra su ex director general, Francisco Jurado, y el empresario Rafael Gómez, más conocido como Sandokán. Pero no se queda ahí. Ha ampliado las acusaciones a cuatro personas más.
Fuentes judiciales explicaron que en su denuncia, Anticorrupción apoya las acusaciones de Cajasur contra Jurado y Gómez por supuestos delitos societarios de administración desleal que podrían haber causado a la caja perjuicios superiores al millón de euros. No obstante, la denuncia presentada por el órgano fiscal añade otros hechos distintos a los denunciados por la caja y hace extensivas las acusaciones contra otras cuatro personas.
Ningun de los cuatro nuevos acusados ha mantenido relación laboral con Cajasur, precisaron las citadas fuentes. En concreto, son un arquitecto y responsables de empresas que podrían haber participado en los hechos de los que se acusa a Jurado o Gómez, este último imputado en la "Operación Malaya".
Para Anticorrupción, además de los delitos de administración desleal, se habrían cometido otros de falsedad documental, estafa y delito fiscal, si bien no a todos los acusados se les imputan los mismos hechos ni los mismos delitos. Cada una de las querellas presentadas por Cajasur y la Fiscalía se tramitan actualmente en dos juzgados diferentes, si bien lo lógico es que acaben agrupadas en un mismo órgano judicial, según las fuentes.
Por su parte, fuentes de Anticorrupción han resaltado que, con la excepción de Gómez, ninguno de los acusados ahora por Cajasur o por la Fiscalía se han visto imputados en la "Operación Malaya" y han destacado que, salvo lo que se desprenda de la investigación, esta denuncia no tiene ninguna relación con la operación llevada a cabo en la Costa del Sol.
De hecho, señalaron que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado lugar a esta denuncia se inició a raíz de la auditoría interna llevada a cabo por la propia Cajasur.
La querella contra Gómez hace referencia a unos hechos que tuvieron lugar en 2004, cuando la caja compartía la propiedad inmobiliaria "Arenal Sur 21" con el empresario cordobés. La entidad asegura que Gómez suscribió un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa para la realización de unos trabajos al parecer ficticios o de imposible cumplimiento en Manilva (Málaga).
