Un paria. Así se siente el exconsejero de Empleo Antonio Fernández al ver cómo se le han cerrado las puertas del mercado laboral por haber estado en prisión debido a su imputación en la investigación por las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE). El exalto cargo le reclama ahora a Alaya que le devuelva el DNI, retirado junto con el pasaporte para evitar su salida del país, y que le espacie sus comparecencias semanales en el juzgado para evitar el paseíllo que cada semana hace ante los medios. En un escrito presentado por su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, solicita a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 que modifique las medidas cautelares que se adoptaron después de que éste saliera en libertad en agosto de 2012 tras pagar la fianza de 450.000 euros. En el mismo, el letrado reclama que le devuelvan el DNI y que se le mantenga únicamente desposeído del pasaporte, pues no necesita salir al extranjero ni por motivos personales, ni desde luego por razones de trabajo, ya que desde que perdió su empleo tras ingresar en prisión en abril de 2012 desgraciadamente se ha convertido en un paria al que se le han cerrado las puertas del mercado laboral y, a pesar de sus esfuerzos, ha carecido ya de cualquier oportunidad de obtener un trabajo remunerado.
Sobre la retirada del DNI, el exvicensejero alude a su aflicción moral a la que inevitablemente queda sometido quien ignominiosamente ha de exhibir ante terceros desconocidos su condición de persona sujeta a una investigación criminal cada vez que se hace precisa la identificación personal. Así, incide en que es algo que sucede cotidianamente como por ejemplo cuando va a comprar o acude a un restaurante y paga con tarjeta de crédito. En este punto, su abogado se pregunta si a estas alturas es realmente necesario mantenerle desposeído del DNI, ante el carácter innecesariamente aflictivo y abiertamente estigmatizador de esta medida. Otra de las medidas que tiene que cumplir Fernández es personarse cada martes en el juzgado para firmar, por lo que en el escrito reclama a la jueza una suavización de la medida, de tal forma que se le permita acudir con carácter mensual, o lo sumo quincenal. Para ello alega, por un lado la sobrecarga que le genera al juzgado pero, principalmente, el permanente paseíllo que tiene que hacer a la salida y entrada ante los medios, que al parecer no satisficieron suficientemente su deseo de reflejar este obligado y permanente paseíllo, pese a las 70 semanas que han transcurrido desde que obtuviera la libertad.
Al igual que Fernández, el exconsultor de Vitalia Jesús María Bordallo también ha pedido a la juez que le devuelva el DNI, ya que su retirada le está causando graves perjuicios. El directivo de la aseguradora explica en su escrito que la situación personal y económica por la que pasa le obliga a buscar trabajo, hecho éste que si es complicado a día de hoy, se ve aún más dificultado al presentar en cada entrevista de trabajo el documento sustitutivo del DNI emitido por el Juzgado.
Por otro lado, la jueza tomó ayer declaración a Juan Cabrera, un sindicalista de CCOO imputado por incluir a dos intrusos en el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos y para quien el fiscal solicitó una fianza civil de 584.000 euros; el exgerente de Marbesol Antonio Isla Barba; y el director del citado hotel, Miguel Rodríguez Ortega. Los tres, imputados por malversación, negaron conocer la inclusión de intrusos.
