El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández ha pedido la suspensión de la declaración prevista ante la juez Mercedes Alaya el 3 de marzo por un delito de cohecho continuado del que le acusa por obtener, junto a sus hijos, 602.000 euros de origen desconocido. Tras rechazar "de forma total y absoluta" las conclusiones del informe policial que sirve de base para la acusación de la juez, la defensa del exconsejero subraya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha investigado el patrimonio familiar de Fernández cuando Alaya acordó en 2012 que no se haría. En el recurso presentado para suspender la declaración, la defensa del exconsejero critica que los agentes de la UCO "gratuitamente" consigan como "ilícito o irregular aquello que sencillamente desconocen, ignoran o no se les alcanza", y apunta que se califica como de "origen desconocido" dinero de Fernández que es legal. También lamenta el "ejercicio judicial de puro seguidismo" y que la juez traslada de forma "acrítica" el informe al auto con la "gravísima imputación" de cohecho continuado. Además, reprocha que la presunción de inocencia de Fernández ha quedado en "una palabra hueca" y tendrá que demostrar la licitud de sus actividades en vez de que la policía demuestra las ilegalidades. El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, asegura que su cliente se compromete a explicar el origen de los fondos de origen desconocido que le imputa la UCO cuando disponga de los medios que han tenido los agentes para elaborar su informe. En su auto de reforma, el abogado insiste en la "gratuidad y carencia de base objetiva del informe policial en que exclusivamente se basa la imputación". Pone como ejemplo de ello que en el resumen del periodo investigado, entre 2001 y 2012, se indica que el saldo de las cuentas bancarias a 2012 sería de -252.365 euros, cuando en realidad era de 7.570 euros. Otro ejemplo de defectos del informe policial, según el abogado, es el préstamo "perfectamente documentado" de 30.000 euros que le hizo a Agustín Moreno Reviriego, exalcalde socialista de Torrecera, una pedanía de Jerez, y que, según la UCO, son ingresos "sin aparente justificación".