Acción Nacionalista Vasca (ANV) recurrió ayer en amparo ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que acordó su ilegalización. Así lo informaron fuentes del Alto Tribunal, al que también recurrió en amparo hace unas semanas la otra formación abertzale ilegalizada el pasado mes de septiembre, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).
El Tribunal Supremo consideró en su sentencia que ANV "ha acabado colaborando reiterada y gravemente con Batasuna complementando y apoyando políticamente, en consecuencia, a la organización terrorista ETA".
Por otra parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió ayer al Gobierno en un comunicado que aplique "con carácter de urgencia" el artículo 61.2 de la Ley de Régimen Local para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV. Este precepto faculta al Consejo de Ministros a disolver las corporaciones locales, entre otros casos, cuando sus acuerdos o actuaciones den cobertura o apoyo expreso o tácito, "de forma reiterada y grave", al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y a los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
Mientras, el fiscal solicita una pena de dos años y nueve meses de prisión para el concejal de la ilegalizada ANV Mikel Gastesi por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad durante los incidentes que se registraron en el Ayuntamiento de Pamplona el pasado 17 de junio. Asimismo, el fiscal solicita una pena de dos años de cárcel para otras ocho personas por un supuesto delito de desórdenes públicos y reclama cinco meses de prisión para otros dos imputados -periodistas que se encontraban en el lugar de los hechos- por su presunta "complicidad" en lo ocurrido. En su escrito de acusación, el fiscal señala que el despacho de ANV en el Ayuntamiento de Pamplona fue precintado por la Policía Municipal por orden de la Alcaldía.
