La declaración prevista este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, del parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación el pasado verano de la finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla), ha sido aplazada al próximo 29 de abril a las 12,00 horas por el instructor de la causa, el magistrado Jerónimo Garvín. Lo ha sido a petición del propio Sánchez Gordillo, que ha alegado desconocer la documentación al respecto y la acusación concreta que se le atribuye por este caso, según ha dicho a los periodistas a la salida de la sede del Alto Tribunal andaluz, donde más de un centenar de personas, muchas de ellas llegadas en autobús desde Marinaleda, y simpatizantes y militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se han concentrado desde las 10,00 horas para mostrarle su apoyo. Se le atribuye inicialmente un delito de daños y otro de usurpación, según ha indicado el abogado del parlamentario, Antonio Folgoso, que ha señalado que la declaración del próximo día 29 ha sido fijada a las 12,00 horas, con tiempo suficiente para que pueda prepararse la defensa tras analizar el expediente al respecto. Sánchez Gordillo ha considerado "exagerada" la acusación puesto que, según ha dicho, la ocupación de la finca fue una protesta "pacífica" y un acto "de no violencia activa" que se desarrolló sin ningún incidente. Además, ha reivindicado el destino de 'Las Turquillas' para cooperativas o los ayuntamientos, puesto que, según ha recordado, se trata de una finca para la yeguada militar del ejército y dependiente del Ministerio de Defensa de 1.200 hectáreas, la inmensa mayoría de tierra "baldía", cuando en la Sierra Sur de Sevilla los índices de paro llegan al "40 por ciento". "*Qué íbamos a usurpar nosotros en esa finca con nuestras manos limpias?", ha dicho el parlamentario, que ha confiado en que esa "tierra pública pase un día a manos de los trabajadores o los ayuntamientos". De hecho, se ha mostrado partidario a seguir "señalando con el dedo" a aquellos propietarios que poseen fincas "con un mal uso" y luchar así por al "utopía" de lograr algún día conseguir plenos derechos en vivienda o acceso al trabajo. "Esa batalla algún día la tendremos que ganar en Andalucía", ha mantenido Gordillo, que ha censurado la "contradicción social" de que en la Comunidad Autónoma "el 2 por ciento de los propietarios posean el 50 por ciento de las tierras". Además, el portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, ha anunciado la "pretensión" del sindicato de "volver a ocupar" 'Las Turquillas' y todas aquellas fincas que puedan recuperarse para "estar al servicio de los trabajadores". Por otra parte, ha recordado que en esta causa hay un total de 54 imputados, y que en el SAT en total ya más de 550, "más de 400.000 euros de multa y una petición de cárcel de 50 años", por el "atrevimiento de este sindicato de luchar por la justicia". "Es la respuesta de nuestros políticos y de lo que llaman ellos el poder judicial", ha sostenido. La causa contra Sánchez Gordillo y otros 53 militantes y simpatizantes del SAT, entre los que se encuentra el propio Cañamero, la llevaba el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna, pero éste se ha inhibido en favor del TSJA dada la condición de aforado del alcalde de Marinaleda. OCUPARON LA FINCA DURANTE 18 DIAS Los 53 militantes del SAT denunciados, junto al parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, ocuparon la finca de Las Turquillas el pasado día 24 de julio y permanecieron allí durante 18 días, hasta que fueron desalojados del lugar. El SAT ya apuntó que la finca, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene 1.200 hectáreas, la inmensa mayoría en baldío, dado que el Ejército sólo utiliza 20 hectáreas para la Yeguada. Por ello, pidió que "las tierras públicas pasen a concurso para que las cooperativas las puedan adquirir ahora que están en desuso". Por otra parte, por medio de un auto conocido el pasado mes de febrero, el TSJA archivó otra causa abierta contra Sánchez Gordillo a raíz de su actuación como piquete informativo durante la huelga general del día 29 de marzo de 2012, mientras que, en relación también a su actuación como piquete, derivó un segundo proceso al Juzgado de Estepa por la posible existencia de una infracción penal calificada como falta de amenazas leves, para cuyo conocimiento no es competente el TSJA.
