El pleno ordinario de la Diputación de Sevilla aprobó ayer por unanimidad y prácticamente sin debate una moción de IU en la que se reclama al Gobierno de la nación que se proceda, con urgencia, a la modificación del tan cuestionado plan de pago a proveedores para que se flexibilicen sus condiciones, ampliando tanto el periodo de carencia como los plazos de devolución para «evitar el bloqueo que puede darse en muchos ayuntamientos de la provincia». El diputado de IU Manuel Bejines recordó que a partir de agosto los 72 ayuntamientos que se acogieron a este plan de ajuste van a tener el triple de carga porque «van a tener amortizar intereses y capital, algo que requiere una solución». Por lo que reclamó la ayuda las administraciones como la central. El portavoz andalucista, Alberto Mercado, fue más allá y solicitó que también se amplíe la petición a la Junta de Andalucía, por la reclamación de los reintegros de la subvenciones dadas a los consistorios, propuesta que también contó con el respaldo del resto de grupos. De hecho, el diputado socialista y responsable de Hacienda, Manuel González Lora, indicó que la propuesta de IU estaba más que justificada, «porque cuando llegue el momento se va a montar un auténtico numerito». Lora incidió en la necesidad del plan de pago a proveedores, porque con él se ha pagado a pequeñas empresas y trabajadores, pero volvió a denunciar, como ya lo hizo su grupo cuando el Gobierno central sacó adelante este proyecto, que lo que no es justo es que los bancos hayan prestado dinero a los ayuntamientos a un interés de entre el 5 y el 6 por ciento, «cuando el Banco Central Europeo vende el dinero al 0,25 por ciento». La coherencia de la moción de IU para no matar a los ayuntamientos provocó que hasta el PP votase a favor de la misma. El diputado popular José Leocadio Ortega defendió la efectividad de este primer plan de pago a proveedores y puso como ejemplo que al segundo plan se han acogido menos consistorios. No obstante, apoyó la propuesta de IU de pedir al Ejecutivo central que se suavicen las condiciones y, que tal y como solicitó hace unos días el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), se revise el tipo de interés de los préstamos que se dieron a los ayuntamientos y se estudie la posibilidad de ampliar de 10 a 20 años el plazo para devolver el principal de las cantidades que deben reintegrar los municipios, «para reducir el coste social». Por otra parte, en el pleno ordinario de ayer también se acordó revocar la oferta pública de empleo público de 1998 para la cobertura de plazas de personal funcionario. El Gobierno de la Diputación justificó la medida en base a que esta convocatoria no responde a la realidad legal ni a las necesidades de la Institución provincial actualmente. Esta decisión, que sólo contó con el apoyo del PSOE, mientras que el PP y PA se abstuvieron e IU se opuso, supondrá un coste para la Diputación porque se deberán devolver las tasas que abonaron las personas que se inscribieron para presentarse a la convocatoria. Eso sí, esta devolución sólo se realizará a los aspirantes que la reclamen. En otro orden de cosas, la Diputación también aprobó una modificación presupuestaria de 19,1 millones, en la que 10 de los 46,1 millones consignados para un programa de anticipos reintegrables para los municipios se destinará a amortización anticipada de deuda
