El Pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy el proyecto de Ley de Aguas, que se sometía a debate final en la Cámara, con el respaldo del PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, que aseguró que se trata de una normativa "intervencionista y con claro afán recaudatorio".
Esta nueva normativa, que incorporó enmiendas de los dos grupos de la oposición, regulará y abordará por primera vez las necesidades específicas de todas las aguas que transcurren por Andalucía en las que el Gobierno andaluz es competente: las cuencas del Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras, Mediterránea y la práctica totalidad de la cuenca del Guadalquivir.
Toda la regulación contenida en la Ley tiene como objetivo básico conseguir un modelo de gestión en el que se conjugue el respeto al medio ambiente con un aprovechamiento sostenible del recurso, garantizando todos sus usos, primando el abastecimiento urbano y los caudales ecológicos, así como a aquellos usos que permitan una mayor creación de riqueza y cohesión territorial en Andalucía.
Asimismo, la Ley de Aguas impulsa definitivamente la participación activa de la sociedad en la política de aguas, dando entrada no sólo a los titulares de derechos sino a todos los interesados en los órganos de participación y creando el Observatorio Andaluz del Agua, que será una herramienta informativa en todo lo relacionado con la prestación del servicio del ciclo urbano del agua.
La flexibilización del régimen concesional es uno de los objetivos básicos de la Ley para adaptarla a las necesidades actuales de la nueva sociedad andaluza. La equiparación de actividades en el orden de prelación de usos, la reducción del plazo de las concesiones y, especialmente, la creación del Banco Público del Agua, serán los instrumentos que conseguirán este objetivo.
En lo que respecta al ciclo urbano del agua, la Ley sigue manteniendo la preeminencia de los municipios, estableciendo mecanismos para propiciar que las entidades supramunicipales y diputaciones provinciales sean las que conduzcan en la práctica diaria el ejercicio de las competencias en materia de aducción y depuración. Asimismo, la Ley se compromete a cumplir con los objetivos de calidad de las aguas establecidos por la Directiva Marco con la elaboración de un plan de infraestructuras que complete el mapa de depuración de toda Andalucía, dos meses después de la entrada en vigor de la normativa aprobada hoy.
Para llevar a cabo estos objetivos, la Ley configura un nuevo régimen económico-financiero, estableciendo cánones basados en los principios de generalidad, equidad, calidad en el servicio, incentivación de la eficiencia, responsabilidad medioambiental y transparencia. La Ley dispone los mecanismos oportunos para evitar la doble imposición y garantizar que todos paguen de forma equitativa por los mismos servicios de calidad.
La normativa equipara las aguas subterráneas a las aguas superficiales, regulando su gestión e impulsando la creación de comunidades de usuarios. Además, introduce nuevas medidas para controlar la extracción de agua de los acuíferos.
De igual modo, la Ley de Aguas aprobada hoy regula la gestión de situaciones de riesgo como la sequía y las inundaciones, el régimen sancionador y disciplinario, la estructura organizativa de la administración hidráulica, el dominio público hidráulico y los órganos de participación, entre otros aspectos, que a partir de ahora se desarrollarán reglamentariamente.
PP-A DICE QUE TRAICIONA EL ESPIRITU DEL PACTO POR EL AGUA
En su turno de posicionamiento en la Cámara andaluza, la diputada del PP-A Carolina González Vigo dijo que la citada normativa traiciona el espíritu del Pacto Andaluz por el Agua y que la comunidad autónoma necesita una Ley de Aguas "pero no ésta".
González Vigo, que aseguró que el PP-A ha intentando negociar "hasta el último momento", dijo que el PSOE ha mostrado su falta de talante durante la tramitación de la normativa. "Es una ley que está abocada al fracaso por ser injusta y por estar marcada por el inmovilismo del PSOE, que no se ha movido un ápice del posicionamiento intervencionista y recaudatorio".
La diputada 'popular' insistió en que su formación se opone a que en tiempos de crisis económica se suba el precio del agua, "hasta en un 40 por ciento", así como también a que la repercusión de la subida del agua caiga "exclusivamente" en los ciudadanos, "sin tener en cuenta sus condiciones".
"Nos vamos a oponer a que sigan llenando las arcas y metiendo la mano en el bolsillo de los andaluces", apuntó González Vigo, quien también consideró "profundamente ingrato" que la Junta de Andalucía "cargue sobre los alcaldes la responsabilidad del peso del aumento del precio del agua".
IULV-CA, SE SIENTE "COMODA" CON ESTA LEY
El diputado de IULV-CA José Antonio Castro afirmó que su formación considera "positiva" esta normativa, que, según dijo, se ha enriquecido con las aportaciones de los agentes sociales y de IULV-CA, tras haberse aprobado un total de 13 enmiendas presentadas por la formación, "que vienen a incorporar cuestiones de gran relevancia que vienen a mejorarla hacia la izquierda".
Castro, que afirmó que el grupo parlamentario está muy "orgulloso" con las aportaciones que ha realizado, indicó también que el voto afirmativo que hoy se da a esta normativa supone un compromiso con los contenidos y una exigencia continua con la aplicación efectiva de todo el texto.
El diputado de IULV-CA dijo que a esta normativa le haría falta un gobierno más comprometido con la sosteniblidad y con la cultura del agua, añadiendo que si IULV-CA llega al Gobierno andaluz tras las próximas elecciones realizará modificaciones en algunos aspectos, aunque en general se siente "cómodo" con esta normativa.
PSOE-A DESTACA QUE PENALIZA EL DESPILFARRO
Por su parte, el diputado del PSOE-A Fidel Mesa calificó esta normativa como un "instrumento válido" al servicio de los ciudadanos, "plenamente constitucional" y que cumple el mandato del Estatuto de Autonomía de Andalucía. "Es una ley valiente, consensuada, innovadora, donde prima el ahorro y se penaliza el despilfarro", agregó.
Mesa aseguró que la negativa del PP-A de aprobar esta normativa se debe a que esta formación entró "a remolque" en la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, "por lo que ahora empieza a descolgarse en su desarrollo".
Asimismo, el diputado socialista, que afirmó que el PP-A ha mentido sobre los contenidos de esta normativa, indicó que esta ley tiene que asumir "por responsabilidad" la recuperación de los costes. Según explicó, lo que se va a recaudar a través de impuestos se invertirá en infraestructuras y en la mejora del servicio que se presta a los ciudadanos.
DIAZ TRILLO DICE QUE ES UN LEY DE "CONSENSO"
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, que cerró el debate parlamentario, resaltó que la Ley es fruto del "consenso y la participación" y que recoge el espíritu y principios fundamentales del Acuerdo Andaluz por el Agua, que cuenta con el respaldo de los sectores implicados en la gestión de este recurso.
Por ello, mostró su agradecimiento a las 47 entidades que componen el Consejo Andaluz del Agua, que "desde hace dos años y dando un ejemplo de generosidad y responsabilidad colectiva" han sido capaces de trabajar buscando el consenso, renunciando a parte de sus propias aspiraciones a cambio del interés general.
Díaz Trillo también agradeció el esfuerzo realizado por sus antecesores y representantes de la Administración andaluza, así como del resto de organizaciones provinciales de distintos sectores, empresas públicas y privadas, y particulares que han colaborado en el proceso de elaboración de la Ley.
