El Consejo de Ministros aprobó ayer el primer informe del anteproyecto de la Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el proceso final de la vida, también conocida como ley de muerte digna, con la que pretende garantizar los derechos de los pacientes “en el momento final de la vida”, así como dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que les atienden.
Así lo anunció la ministra de Sanidad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reconociendo que se trata de la “primera lectura” de un texto que todavía debe remitirse al Consejo de Estado y las comunidades antes de llegar a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
