El Ayuntamiento de Arahal elaborará un inventario de las edificaciones y parcelas ilegales en su término municipal -unas 5.000 según los propietarios, aunque el Consistorio las cifra en 1.500- como primer paso para buscar una solución a estas construcciones, para lo que colaborará con la Junta de Andalucía.
Esta medida no excluye "o excluirá", según advirtieron desde la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, la demolición de las construcciones que no tengan cabida en el planeamiento, ya que desde la Administración andaluza no se pretende "paralizar o dilatar" cualquier procedimiento judicial en este ámbito, apostilló en un comunicado.
Un millar de afectados por esta situación se manifestaron la semana pasada para demandar una solución a sus parcelaciones ilegales, un problema que se extiende a otros muchos municipios de la provincia, y que en Castilblanco de los Arroyos ha sentado un precedente con el inicio de un proceso de regularización con la incorporación de 1.500 de estas parcelas a su plan general de ordenación urbana (PGOU).
Ésta será una de las vías que se pondrá encima de la mesa en Arahal. No obstante, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en un encuentro mantenido esta semana con el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Márquez (IU), le recordó que "es el propio Ayuntamiento el que tiene que proponer la solución en su planeamiento", al objeto de que la Administración andaluza analice la propuesta para resolver sobre su viabilidad o no "de conformidad con el marco legal vigente".
Asimismo, desde Vivienda y Ordenación del Territorio se aclara que "las actuaciones de carácter administrativo" debatidas entre el Ayuntamiento de Arahal y el Gobierno andaluz "en ningún caso tienen como objeto paralizar o dilatar cuales acciones legales sean oportunas por los órganos correspondientes".
Acción del fiscal. Precisamente las protestas de las comunidades de propietarios se iniciaron a raíz de la ofensiva emprendida por la Fiscalía de Medio Ambiente en los últimos años contra la proliferación de estas parcelaciones por distintos municipios. En el caso de Arahal, los afectados hablan de unos 240 propietarios imputados a cuenta de la construcción de estas viviendas al margen del planeamiento y tres sentencias firmes con orden de derribo.
El alcalde de la localidad, por su parte, se mostró satisfecho con esta primera reunión ya que, aunque en su opinión Espadas ha dejado claro que las viviendas "no se legalizarán", considera que el consejero "está siendo receptivo" en cuanto a la "gran presión ciudadana" del tema. Por ello, resalta que ambas administraciones colaboran en la búsqueda de una solución que evite la demolición de los chalés, enclavados principalmente en los pagos de Santa Ello, San Francisco-La Matilla, Pago Redondo, Pago Redondo-Miraflores, El Mantequero, El Recreo de la Lapa, El Rondón, La Banda, La Jareta, La Victoria y Villa de los Caquis, Valleverde, Los Claveles, Olivares Arenal Gordo, La Molinilla, Santo Cristo y El Saltillo.
En concreto, y siempre según el alcalde, la idea es que el futuro documento de aprobación "inicial" del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "contemple" estas viviendas "como fuera de ordenación", lo que impediría que la legalización de las construcciones atrajese nuevas edificaciones o la instalación de servicios públicos. "Se sabe que están ahí, pero no se actúa", resumió el alcalde en cuanto a la posible solución.
