El caso de la clínica Isidora comenzó en diciembre de 2006, cuando una mañana apareció una pintada con la palabra 'asesinos' en su puerta. Dos meses después, dos agentes del Seprona acudieron hasta el lugar y tras inmovilizar unos bidones que se iban a entregar a una empresa de gestión de residuos, decidieron acudir al juzgado de guardia de Madrid por sospechar de abortos ilegales.
Tras más de dos años y medio de procedimientos judiciales, el titular de este juzgado ha archivado el caso al considerar que los hechos investigados no son "constitutivos de delito" y que no ha aparecido "el más mínimo indicio" de que la clínica ni sus médicos profesionales hayan cometido delito alguno, según consta en el auto, recogido por Europa Press.
Así, el juez habla de que la actuación de los agentes del Seprona que denunciaron los abortos ilegales se sustentó "sobre meras sospechas subjetivas, carentes de todo fundamento" y ello "cuando menos, combinada con una rechazable técnica inquisitorial tendente a tratar de buscar algún delito". Además, señala que el modo de acusar a la clínica se convirtió en una especie de "causa general" sobre el centro privado, de una "investigación ilimitada sobre abortos imaginados" y que se "instrumentaliza al servicio de fines espúreos con perfiles publicitarios intimidatorios".
En la misma dirección, apunta que la investigación del Seprona está basada en "insinuaciones sesgadas y manipulación de la realidad" de un modo, según recoge el citado auto, "cuanto menos oblicuo o torticero" utilizando un lenguaje y una terminología "tendentes a dar apariencia delictiva a una actuación prospectiva e indeterminada" de la clínica. Y culpa a los agentes así como al sargento y a sus superiores de olvidar "palmariamente que el Estado constitucional y democrático de derecho se configura, y por tanto, se debe caracterizar por someter a severas restricciones el poder de los agentes públicos que pretender actuar a través del proceso penal".
En general, también les acusa de "disfrazar su inquisitorial actividad" y de poner en marcha una "tremendísima puesta en escena" que, a su juicio, "trataba de crear una impresión deformada de la realidad fáctica reconduciendo artificialmente la investigación". "Se trataba de salvar lo insalvable", apostilla.
Intimidad de las pacientes. Durante el proceso, se llegó a intervenir el teléfono de una psicóloga de la clínica para acceder a sus conversaciones con las pacientes e incluso se acudió a las casas de las mujeres que habían abortado la última semana antes de iniciar la investigación. Según el Juzgado, la esfera del derecho a la intimidad de las pacientes "fue arrasada y devastada".
En este punto, según el magistrado en su auto, dictado el jueves 15 de octubre, se basa en que "algo tan íntimo como el ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo" ha sido desvelado y cualquiera que haya accedido a la causa ha podido conocer y tomar datos de las mujeres citadas como testigos. También le resulta "preocupante" la aparición en cadena de una serie de partidos políticos y asociaciones pro-vida (como Alternativa Española, Partido Social Europeo o la Asociación Unidos por la Vida) que pretendieron personarse como acusación particular en la causa. Al juez le resulta preocupante en el sentido de saber quién comunicó a estas entidades de las supuestas actividades ilegales y quien les "animó o excitó" a ejercer dichas acciones legales.
Alegría para la clínica. La portavoz de la clínica Isadora, Empar Pineda, aseguró a Europa Press que conocer las conclusiones del auto les ha "llenado de alegría" porque "era de justicia" que el juez les diera la razón. "No había nada y se intentó por todos los medios acusarnos de abortos ilegales", añadió, haciendo referencia a las actuaciones que durante dos años se han llevado a cabo contra ellos. Así, acusó a los guardias civiles que denunciaron el caso de "fraude de ley" porque a pesar de que el Juzgado de Instrucción número seis denegó la acusación en primera instancia, ellos insistieron en el tema acudiendo a una jueza de Alcobendas y volviendo de nuevo a los juzgados de Madrid.
Así, recordó momentos "muy duros" como cuando tuvieron que dejar unos bidones con residuos durante todo un fin de semana en la calle porque supuestamente iba a ir el Seprona con inspectoras de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid o cuando les obligaron a alquilar un coche fúnebre para trasladar los restos a un tanatorio. Todas las actuaciones que se han llevado a cabo estos dos años y medio, son, a su juicio, un "desprecio a la legalidad vigente, a la intimidad de las mujeres (pacientes que tuvieron que declarar como testigos) y a la práctica profesional".
Tanto la clínica Isadora como los doctores a los que se acusó tienen derecho ahora a la reserva de las acciones penales que estimen pertinentes, en relación con la actuación concreta de agentes concretos de la Guardia Civil-Seprona y en relación con las afirmaciones vertidas en las querellas presentadas contra ellos.
