El juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha decidido archivar la denuncia que el Sindicato Profesional de Policías (Sppme) interpuso contra Manuel Benítez, alcalde socialista de Castilleja de la Cuesta, por quitar presuntamente multas a sus conocidos y allegados.
En un comunicado de prensa, Manuel Benítez ha mostrado su satisfacción por el archivo de la misma. Según sostiene, "ha quedado demostrado como dije en su momento, que tenía la conciencia tranquila y que confiaba plenamente en la Justicia, que la misma obedecía a unos intereses sindicales y políticos, pues esta se producía en época de elecciones en un intento de judicializar la vida política".
El regidor lamentó que desde que se inició el procedimiento, hace más de un año, ha venido sufriendo recriminaciones e injustos juicios paralelos, a los que esta decisión judicial pone fin. "Valoro muy positivamente, como no podía ser de otra forma, la decisión del juez, que ha actuado con total profesionalidad y minuciosidad", manifiestó Benítez. "Siempre he defendido mi inocencia tanto en público como en privado pero era necesario que fuera ratificado por la Justicia. En todo momento he actuado dentro de la más estricta legalidad, en cumplimiento de la responsabilidad del cargo que ocupo, siendo consciente de que el daño moral está hecho y que el sufrimiento de mi familia es irreparable", añadió.
"Estas denuncias no me han distraído ni un sólo momento de mi único objetivo, trabajar cada día más para conseguir proyectos que sean beneficiosos para el municipio, especialmente en esta época de crisis. Como alcalde-presidente, me siento con más fuerza que nunca, con más ganas que nunca, y con más ilusión que nunca, para trabajar por y para Castilleja de la Cuesta y sus vecinos", dijo.
El auto del juzgado decreta el sobreseimiento del caso al estimar que "no existen indicios suficientes de que el imputado, como alcalde de Castilleja de la Cuesta, haya resuelto recurso alguno en atención a las circunstancias personales de los recurrentes, ateniéndose en su actuación al procedimiento marcado por la ley".
En el juicio, Benítez declaró que "nunca" había resuelto recursos contra multas en función de si conoce o no personalmente a los afectados, ya que explicó que cuando alguien recurría una sanción de tráfico, el procedimiento habitual es que éste pasara "directamente" a la Jefatura de la Policía Local, que elaboraba el informe para estimar o no el recurso y él solo firmaba. Aseguró que solo conocía a cinco personas del total de las que aparecen en los expedientes aportados y del resto le sonaban algunos apellidos "por ser corrientes en el pueblo", sin saber concretamente quiénes eran, mientras que de otros directamente desconocía su identidad.
El juzgado abrió diligencias por este caso el pasado diciembre tras la denuncia presentada por la sección sindical del Sppme contra el alcalde por esta presunta infracción penal al estimar éste en múltiples ocasiones las alegaciones presentadas por vecinos de la localidad multados que, según el sindicato, eran personas cercanas al alcalde. En abril de 2011, la candidata del PP a la Alcaldía de Castilleja de la Cuesta, Juana Rodríguez, acusó al alcalde de supuesta prevaricación "por dedicarse a quitar multas de tráfico a sus allegados".
En la denuncia, el sindicato aludía a la existencia de expedientes que "se presentaban incluso con anotaciones, pudiendo apreciar que los beneficiarios de las denuncias recurridas, y posteriormente estimadas, siempre eran personas conocidas de la localidad, cercanas al alcalde", según el sindicato, que añadía que el agente denunciante se ratificaba en la infracción sin que el alegante "aporte un fundamento o causa legal que le exima jurídicamente del cumplimiento de la ley, y que pudiera servir para basarse jurídicamente en la estimación de las alegaciones y el archivo del expediente".
El alcalde de Castilleja de la Cuesta cuenta aún con una segunda imputación por el supuesto repostaje de su vehículo particular con vales del Consistorio, pues presuntamente se dedicaba a llenar el depósito de gasolina de su vehículo particular entregando como pago vales del Ayuntamiento, en los que se habría puesto la matrícula de los vehículos de obras y servicio de la corporación local, alternando en cada ocasión la matricula, marca y modelo. De hecho, junto con el escrito se aportó documentación consistente en las fotocopias de un vale y una factura.
