Entre humedades y hongos. Así es como se encuentran los expedientes de los juzgados de Primera Instancia almacenados en el archivo del edificio Viapol, situado en el sótano del inmueble. La situación es de tal «insalubridad» que el sindicato CSIF ha interpuesto una denuncia ante la Delegación Provincial de Gobernación y Justicia para que tome medidas «urgentes» por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que este habitáculo es frecuentado por funcionarios que acuden a buscar expedientes archivados. En caso contrario, el sindicato asegura que acudirá a la Inspección de Trabajo. El reportaje fotográfico que acompaña a la denuncia habla por sí sólo. Humedades y hongos por todo el almacén que han estropeado numerosos expedientes. El archivo se encuentra en la tercera planta del sótano del edificio Viapol, donde se guardan los «archivos intermedios», aquellos que a día de hoy no están cerrados por completo, aunque la denuncia sindical «se refiere en concreto a la parte de la estancia donde se sitúan archivados los expedientes correspondientes a los juzgados de Primera Instancia número 8 y 11». Para el sindicato «no es de recibo que los trabajadores tengan que desarrollar parte de su tarea en un medio insalubre, pernicioso, que provoca vómitos, hongos en las manos, asma y otros problemas bronquiales». De hecho, es que ni siquiera recomienda «la personación in situ para verificarlo». En el almacén, según recoge el escrito, hay incluso falta de ventilación adecuada, lo que hace que haya mucha humedad que afecta al papel allí almacenado. Por ahora, «la única medida que se ha tomado es cubrir las estanterías unos plásticos, pero eso no es suficiente», explica la delegada provincial de Justicia de CSIF en Sevilla, Águila Fernández. En este sentido, el escrito «además de las condiciones de total insalubridad de la estancia» también denuncia la falta de medidas de seguridad pues la puerta del almacén «carece de sistema antipánico». «La única medida de seguridad es la sujeción de la misma mediante una chapa durante el tiempo que los funcionarios permanecen dentro del archivo». Es decir, cuando un funcionario baja para que la puerta no se le cierre y quedarse atrapado, tiene que colocar una chapa sujetándola para mantenerla abierta. El peligro del que también alerta es que el sótano de Viapol cuenta con plazas de aparcamiento, que son alquiladas «por particulares ajenos a la Administración de Justicia, pudiendo alguna persona cerrar la puerta desconociendo que se encuentra algún trabajador dentro». «En caso de que esto ocurriera, el funcionario o funcionaria quedaría atrapado sin posibilidad de abrir el habitáculo y sin cobertura móvil, por lo que han de tener la precaución antes de desarrollar su tarea en el archivo de dar el aviso a algún compañero del órgano judicial que velará que el mismo regrese en un tiempo prudencial o de contrario, ir en su búsqueda», añade el escrito. Para solucionar este problema hace pocos días se optó por colocar en la puerta «un gancho para sujetarla», lo que ha sido hasta motivo de mofa entre los funcionarios que han mostrado «su consuelo» con una nota en la que se puede leer: «ole, ya era hora». «Actuación ésta, la de proveer del gancho, plausible y a la vez patética», destaca la denuncia. Por ello aseguran que «no es de extrañar» que los funcionarios «hayan huido del peligro de la única forma que han podido, mediante concurso de traslados», a lo que añade que «habida cuenta de que la Administración durante años ha hecho caso omiso a las voces de auxilio de funcionarios y secretarios judiciales, así como a las denuncias que en materia de prevención de riesgos laborales ha planteado, entre otros, CSIF». Por último, la organización sindical señala que critica que los funcionarios «hayan de desarrollar su tarea en un clima de absoluto miedo, tanto a contraer enfermedad como a quedar atrapados». Y recuerda que ya una de las empleadas de estos juzgados «se ha negado tajantemente a realizar tarea alguna en este medio», algo que para el sindicato es lógico «por el efecto nocivo que para su salud pueda derivarse». De hecho, el sindicato denunció la situación ante la Delegación Provincial de Justicia hace varias semanas sin que por el momento haya obtenido respuesta alguna. Por este motivo, Fernández asegura que si en unos días siguen sin obtener contestación acudirán a la Inspección de Trabajo. Fuentes de la Consejería de Justicia aseguran a este periódico que se está estudiando una solución para la conservación de estos archivos.