Con las autonómicas a la vuelta de la esquina y con un estrechísimo margen de maniobra de las comunidades tras los duros recortes del Gobierno de Rajoy, el PP andaluz está descafeinando su promesa electoral más importante: la bajada y supresión de impuestos. El líder del partido, Javier Arenas, condicionó ayer esta medida -piedra angular de su programa- a conocer el "estado real de las cuentas de la Junta". Es decir, dejó claro que si se encuentra una comunidad "quebrada" no cumplirá su compromiso de suprimir hasta cuatro tasas autonómicas. Sólo garantizó que quitaría el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a lo largo de su hipotético mandato, pero aparcó la retirada del impuesto de las bolsas de plástico, el canon del agua y el céntimo sanitario. Hace diez días, el número dos del PP-A, Antonio Sanz, confirmó que su partido mantiene su propuesta fiscal.
Desde que el Ejecutivo de Rajoy justificara los recortes en un déficit estatal mucho mayor del que preveía, el PP -no sólo desde la dirección regional, también desde Génova- está levantando sospechas sobre la "caja de la Junta". "Necesito saber las deudas reales para ver a qué nos enfrentamos", aseguró ayer Arenas, quien se mostró "muy preocupado" por los números que puede heredar si gana el 25 de marzo. Los populares reclaman el registro de facturas de la Junta, sostienen que la deuda andaluza "está creciendo" y que se está intentando "ocultar con trampas". El PP-A tratará de convertir el último pleno del Parlamento del próximo miércoles, en el que se hará balance de la legislatura, en un examen final al Gobierno andaluz, al que intentará poner contra las cuerdas por el "despilfarro" de las cuentas.
Es una estrategia electoral secundada al cien por cien por la dirección nacional. Ayer el secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, denunció que el Gobierno andaluz está haciendo "artificios contables" para "ocultar" los datos y consideró que la gente que "manipula" las cifras debe ir a la oposición. Los dirigentes populares ponen a Andalucía como ejemplo de bancarrota y de mala gestión a pesar de que los organismos oficiales la sitúan en una posición más saneada que otras comunidades gobernadas por el PP. Según datos del Banco de España, Andalucía tiene una deuda por habitante de 1.610 euros (la media está en 2.834 euros), muy por debajo de autonomías como Valencia (4.020).
calendario de pagos. Frente a la denuncia del PP de que la Junta ha dejado de pagar las facturas, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, aseguró que el Gobierno andaluz "contabiliza todas sus obligaciones de pago" y las abona en plazo "razonable dentro del contexto económico actual" que afecta a las comunidades. Aguayo defendió que Andalucía funciona "mejor que otras comunidades porque aquí se han pagado todas las nóminas, incluidas las pagas extraordinarias, se está abonando a los farmacéuticos y no hay impagos en los colegios".
