Resulta que lo que Rajoy no cuenta, nos lo dice Esperanza; lo que Rajoy oculta, lo desvela Cospedal, y Rajoy calla, pero Feijóo actúa. Ése es el problema que tiene Rajoy". La cantinela no es nueva. La utilizó Rubalcaba durante la pasada campaña electoral con poco éxito. Ahora cambiarán los protagonistas pero la piensan reutilizar los socialistas andaluces contra Javier Arenas, confían que con mejor suerte. Aseguran los populares andaluces que no les preocupa en absoluto la mella que pueda hacerles la acción de gobierno de los barones del PP en otras comunidades o las primeras decisiones impopulares que deba adoptar el próximo presidente del Gobierno. [Dijo Mariano Rajoy que iba a bajar los impuestos y ya tantea una subida del IVA]. Pero no es fácil creer ese discurso cuando en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, evita pronunciar el nombre de Cospedal porque si no -según él mismo explicó a esta periodista- "es el corte que nos sacan en determinados medios".
De momento ésa es la consigna. Una política informativa férrea que impida a los dirigentes del PP-A enredarse en debates que no les interesan. Dos días antes Arenas no eludió una respuesta (sin mojarse, claro) después de que su compañera de filas anunciara medidas para lograr un ahorro de 1.850 millones en Castilla-La Mancha. La también secretaria general del PP recortará el sueldo a los funcionarios un 3% adicional y elevará su carga de trabajo de 35 a 37 horas semanales. El plan contempla eliminar la gratuidad de los libros de texto (menos a las rentas más bajas), ampliar los convenios con la escuela concertada, reduce la aportación a la universidad y la televisión autonómica y suprime la cooperación internacional.
Medidas de una presidenta que lleva apenas siete meses al frente del Gobierno castellanomanchego y que en absoluto puede señalarse como responsable de esas disparatadas cuentas (antes en manos socialistas), que puso de manifiesto el Ministerio de Economía en el último balance del déficit autonómico.
El líder del PP-A se escudó en que Cospedal encontró una región "absolutamente quebrada", defendió que se preservan los derechos fundamentales y entonó su cantinela: el mayor recorte social es el paro -hay un millón de desmpleados andaluces- y "en Andalucía se recorta no ejecutando el Presupuesto". ¿Y haría lo mismo que su compañera? "Cada comunidad es cada comunidad". Traducido: ni sí, ni no, ni lo contrario.
Las medidas de Castilla-La Mancha no son nuevas. Zapatero ya bajó el sueldo un 5% a los funcionarios -Andalucía lo secundó y además lo extendió a sus empresas públicas-, congeló las pensiones y retiró el cheque bebé. El PP nunca respaldó esas ingratas políticas. Sobre el sueldo a los funcionarios solo recordar que ni dos meses que el PP-A desveló con mucha prosopopeya en el Parlamento que la Junta había incluido una disposición en el Presupuesto de 2012 para mantener congelado el recorte del 5% en las nóminas. Bien visto, casi debían los funcionarios de dar gracias porque no vuelva a emplearse la tijera contra ellos, como sí harán en otras comunidades.
Si hay un sector en el que el PP-A haya pescado votos es entre los trabajadores públicos de Andalucía, quemados por los recortes y vapuleados por la práctica habitual de colocar en los altos cargos a socialistas -muchos de currículum y competencia dudosa- que en ocasiones los arrinconan y dificultan su trabajo. El PSOE-A va ahora a cambiar la ley contra esa práctica que hizo suya durante años.
La reforma del sector público en Andalucía nació torcida y los tribunales van a terminar de tirarla por los suelos. Son ya cinco las sentencias que frenan el modelo diseñado por la Junta para eliminar empresas públicas y que pasa por crear macroagencias que integran a los trabajadores junto a los funcionarios. Arenas ha prometido que la derogará - "si es que los tribunales dejan algo que derogar", ironizó su número dos- pero aún no ha dicho qué hará. No ha desvelado el PP-A qué destino aguarda a los trabajadores y cómo y dónde se integrarán los funcionarios, tampoco cuántas empresas desaparecerán y si sobrarán empleados. Quizás el Ayuntamiento de Granada, también en manos del PP y que ha optado directamente por suprimir todos sus organismos autonómos, enseñe el camino. O el de Jaén (que ha despedido a 82 eventuales) y el de Málaga (que ha dejado su inversión en mínimos históricos). Mientras, los socialistas andaluces seguirán vociferando y alertando contra un candidato popular que tiene más cerca que nunca llegar a San Telmo. Creen que Cospedal salió indemne de los recortes el 20-N (subió en votos) porque toda la factura los ciudadanos se la pasaron a Zapatero y que cambiará la tendencia. Quizás no. A lo mejor los ciudadanos son maduros y asumen que hay que meter la tijera (según el Barómetro del IESA los andaluces confían ya más en el PP que en el PSOE para gestionar las políticas sociales). Tampoco estaría mal mirar a Cataluña, donde un día después de que CIU ganara el 20-N salió Artur Mas a anunciar drásticos recortes y a abrir la puerta al copago. Le acusan de "fraude electoral" por callar intencionadamente.
