El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas. / Jorge Zapata (EFE)
La reforma de la ley electoral, que proyecta el Gobierno para promover la elección directa de alcaldes a la lista que obtenga el 40% de los votos, ha provocado que todos los partidos de la oposición hayan hecho una piña contra la iniciativa popular. Entienden que es un ataque a la democracia, que solo busca beneficiar al PP. Con esta fórmula, si se repitiesen los resultados electorales de las municipales de 2011, los populares podrían recuperar en Andalucía 31 alcaldías y los socialistas 56. Hasta ayer todo apuntaba a que el Ejecutivo tenía la intención de sacar adelante la reforma con urgencia. Sin embargo, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ayer en Málaga intentó calmar las aguas. Tendió la mano a la negociación con el resto de partidos políticos y prometió que a partir de septiembre se iniciará una ronda de conversaciones. Su compañero de filas, Carlos Rojas, portavoz en el Parlamento de Andalucía, también aseguró que la reforma «busca favorecer la voluntad de las urnas» y que se quiere consenso.
Arenas comentó que el PP no tiene aún una decisión tomada sobre la reforma porque sería «irrespetuoso» hacerlo antes del diálogo con las otras formaciones. Afirmó que no está sobre la mesa el escenario de sacarla adelante de forma unilateral, sólo se puede dar después de que haya un diálogo «muy intenso» con los grupos. Además, añadió que «no hay ningún tipo de prisa» en aprobar esta medida para las próximas elecciones municipales de primavera de 2015. Sin embargo, Rojas dio otra versión. Indicó que de aquí a las próximas elecciones municipales hay aún «muchos meses por delante» para «alcanzar acuerdos». Dejando claro que el Ejecutivo quiere tener aprobada la reforma antes de los comicios. Para justificar la decisión del Gobierno, Arenas señaló que la mayoría de los ciudadanos comparte «una reforma electoral muy simple: que el que gana gobierne y el que pierda, a la oposición». No obstante, insistió en que el diálogo con el PSOE es «esencial» como segunda fuerza política en España, pero no se puede «menospreciar» la posición del resto de grupos. Argumentó que la mayoría de los partidos han llevado la propuesta de reforma electoral para la elección directa de alcaldes en su programa, «empezando por el señor (Pedro) Sánchez [secretario general del PSOE]» que, a su juicio, se ha convertido en «un ejemplo de irresponsabilidad e incoherencia», porque el PSOE ha propuesto «en multitud de ocasiones» la elección directa de alcaldes.
Sánchez, a través de Twitter, replicó que «el PP solo busca una elección directa: la del PP». El líder de los socialistas entiende que la reforma electoral de los populares no contribuye a avanzar en la regeneración democrática ni a garantizar la estabilidad y gobernabilidad de muchos ayuntamientos.
Mucho más contundente fue la secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Rafaela Crespín, quien criticó la «desfachatez» del Gobierno central por no contar con los ayuntamientos. Argumentó que el rechazo del PSOE a la elección directa de alcaldes se debe a que la propuesta se contrapone a la diversidad y a la pluralidad política.
También fue muy duro el presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, quien acusó al PP de promover la reforma para mantener los ayuntamientos «que sabe que va a perder en las próximas elecciones».
IU también se opone abiertamente a las intenciones del Ejecutivo, el portavoz de la coalición en el Congreso, el cordobés José Luis Centella, adelantó ayer que su formación no entrará «en ningún tipo de negociación» con el PP para reformar y establecer que gobierne en los ayuntamientos la lista más votada. «Si el PP quiere cambiar la ley electoral, que lo lleve en su programa para las próximas elecciones. Que sean las próximas Cortes las que decidan», reiteró Centella. Advirtió que desde IU se utilizarán «todos los recursos» para frenar la reforma.
La semana pasada, el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, llegó a tachar esta reforma de la ley electoral de un «golpe de estado franquista» y anunció movilizaciones contra ella.
