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Arenas llevará al Parlamento el debate sobre la cadena perpetua que rechaza el PP

Javier Arenas quiere abrir un debate sobre la cadena perpetua pese a que su partido rechaza esta condena por considerarla inconstitucional. El líder del PP-A cree que tendría cabida en el ordenamiento jurídico si la pena es revisable y llevará una iniciativa al Parlamento para defenderla.

el 15 sep 2009 / 23:12 h.

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Javier Arenas quiere abrir un debate sobre la cadena perpetua pese a que su partido rechaza esta condena por considerarla inconstitucional. El líder del PP-A cree que tendría cabida en el ordenamiento jurídico si la pena es revisable y llevará una iniciativa al Parlamento para defenderla.

Es una reflexión personal, "meditada", que lanzó en la reunión del grupo popular en el Parlamento sin consultarlo previamente con el líder de su partido, Mariano Rajoy, al que puso al corriente a posteriori. Eso fue lo que Arenas matizó ayer a los periodistas después de proponer que se abra un debate sobre la cadena perpetua. Lo hizo, dijo, sin conocer la proposición no de ley que su partido registrará en el Congreso, en la que ni siquiera se menciona esta condena. El presidente de los populares andaluces dice hacerse eco del sentir de la calle y de la petición de los padres de Marta del Castillo, a los que visitó ayer en su casa, que reclaman reformar el Código Penal para introducir esta pena. Por eso, el PP-A llevará próximamente esta iniciativa a la Cámara andaluza, aunque aún no se sabe en qué términos.

Sí se conoce la propuesta que el PP presentará en el Congreso, un documento que refleja exactamente la postura del partido, la que han defendido hasta ahora todos los líderes nacionales, excepto Javier Arenas, número tres de la formación. Reza que en los casos con víctimas "vulnerables" -menores o discapacitados-, el Gobierno debe endurecer las penas, garantizar su cumplimiento íntegro y revisar los beneficios penitenciarios de los presos que estén en la cárcel por estos crímenes. Los populares ya registraron una iniciativa similar tras el caso Mari Luz, que fue aprobada por unanimidad, pero critican que hasta ahora el Ejecutivo no ha cumplido el mandato de la Cámara.

Arenas coincidió ayer con su formación en la necesidad de instaurar penas más elevadas y obligar a que se cumplan en su totalidad. Pero fue más allá y apostó por abrir un debate en España sobre la cadena perpetua como respuesta a algunos "delitos repugnantes". Explicó por qué tendría cabida en el ordenamiento jurídico: "Es perfectamente constitucional, siempre que se acompañe con posibles juicios de revisión", señaló. Sin embargo, este argumento choca con el que esgrime su propio partido y también el resto de formaciones. Todos sostienen que en España sería impensable porque negaría la reinserción y rehabilitación del preso.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Arturo García Tizón, recordó, en declaraciones a Europa Press, que la Constitución habla de que las penas "deben servir para reinsertar" a los delincuentes en la sociedad y "difícilmente" se puede lograr eso cuando hay cadena perpetua. "Tal y como se entiende la cadena perpetua y en los términos en los que está concebida nuestra Constitución, Constitución y cadena perpetua son bastante incompatibles", sentenció.

Arenas no piensa lo mismo. Cree que es de un "extraordinario cinismo" negarse a abrir el debate de una condena que, según él, sí podría encajar "perfectamente" en la Constitución. Aunque se mostró partidario de la reinserción de los presos, sostuvo que, en "determinados delitos", cuando uno habla "con cualquier especialista dicen que no aparecen ejemplos de reinserción".

"Sin tabúes". Arenas insistió en que no debe haber "temas tabúes" en este país y demandó que el debate social se aborde "con tranquilidad" y con "consenso".

Al líder del PP le contestó la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, que pidió una "reflexión" antes de pedir la cadena perpetua. Recordó que existen "estudios serios sobre la realidad de la pena privativa de libertad que demuestran que no es posible en nuestro sistema jurídico". Aunque admitió la "gravedad" del caso de Marta del Castillo, fue contundente: "No se debe legislar a golpe de sucesos".

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