Fue asimismo el primer episodio de toda una serie de casos de corrupción urbanística en España, especialmente presentes en Murcia, la Comunidad Valenciana, las islas Canarias y Baleares. Más allá de las valoraciones coyunturales, hoy se sentarán en una remozada sala 95 acusados para los que se piden 509 años de cárcel y multas por valor de 4.000 millones de euros. Se juzgan delitos de cohecho, blanqueo, prevaricación, malversación de caudales, alteración de concursos públicos, falsedad, etcétera... Cometidos todos ellos presuntamente en un tiempo concreto: entre agosto de 2003, cuando entró a gobernar Marisol Yagüe en Marbella tras descabalgar a Julián Muñoz de la alcaldía, y marzo de 2006, cuando se producen las primeras detenciones.
Juan Antonio Roca -se le piden 30 años de prisión-, ex asesor de urbanismo, sometió, según Anticorrupción, a su voluntad a la corporación municipal, adquiriendo una posición de dominio a través de un sistema de sobornos en el que entraron numerosos empresarios con expectativas de negocio en Marbella. Y todo gracias al urbanismo a la carta que propiciaba una corporación untada. Los acrónimos hallados en el registro de Maras, es decir, las iniciales de los constructores y de los ediles, son la prueba fundamental de un caso que empezó a investigarse en octubre de 2005.
Cinco años de instrucción; dos jueces instructores y muchas polémicas. El evento será seguido por 300 periodistas de sesenta medios; habrá diez unidades móviles, y una sala de prensa con capacidad para casi 100 personas. Las sesiones se podrán seguir por una pantalla en la sala de prensa y a través de otra instalada en el pasillo. Los acusados entrarán por el juzgado de guardia desde primera hora y las sesiones serán de lunes a miércoles y de 10.00 a 15.00 horas -pasado mañana no habrá sesión al coincidir con la huelga general-. Cada día, en torno al plenario girará la actividad de 700 personas: 95 acusados, 77 defensas, cuatro acusaciones (fiscal, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Hacienda), amén de letrados ayudantes y procuradores. Una señal institucional -cuatro planos- surtirá de imágenes a las televisiones.
El Colegio de Abogados ha habilitado cien togas, y el tribunal, presidido por José Godino, y conformado además por Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, ha establecido instrucciones precisas para que unos puedan cubrirse a otros cuando les sea imposible acudir. Las sesiones se desarrollarán por bloques de delitos, pero el principio será lo más aburrido: las defensas plantearán las cuestiones previas relacionadas con vulneraciones constitucionales y la legalidad de las principales pruebas (un mes), aunque antes lo harán las acusaciones; después, el tribunal suspenderá, resolverá las alegaciones y retomará la vista. El juicio durará un año, y la sentencia tardará seis meses. Roca podría declarar en noviembre. El fiscal Juan Carlos López Caballero tendrá el apoyo de tres acusadores auxiliares (y otros dos compañeros). Y los imputados sólo tendrán que ir cuando se enjuicien sus delitos.
Las defensas han pedido miles de pruebas, pero sólo se practicarán las pertinentes y de fácil obtención. Entre otros, declararán como testigos la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, dos de sus ediles, el ex delegado de Obras públicas de la Junta, José María Ruiz Povedano, su ex compañero de Medio Ambiente, Ignacio Trillo y la ex Secretaria de Estado de Infraestructuras, Josefina Cruz, amén de dos ex comisarios de policía en la ciudad y un ex responsable de la Udyco.
El telón se abre hoy para todos. Que empiece el espectáculo.
