El ex arquitecto municipal de Dos Hermanas negó elmiércoles en el juicio haber dado información privilegiada a dos socios para comprar una finca que, una vez recalificada, le supuso un beneficio de 640.078 euros, en un testimonio ratificado por el alcalde, Francisco Toscano (PSOE).
El juzgado penal número 13 inició el miércoles el juicio contra el acusado Jesús Medina Blanco, para quien la acusación particular solicita tres años de cárcel por haber comprado en diciembre de 1999 (cuando era director general del PGOU), junto a sus socios, la finca Nuestra Señora del Carmen por 420.708 euros, y 10 meses después, una vez recalificada, haberla vendido por 1.060.786 euros.
Fuentes del caso indicaron que el alcalde de Dos Hermanas fue uno de los primeros en declarar como testigo. El regidor afirmó ante el juez que todo el pueblo conocía que la finca se iba a recalificar porque el Plan Urbanístico que lo contemplaba llevaba varios años en preparación.
Lo que si reconoció Francisco Toscano es que no se sabía la fecha exacta puesto que eso dependía de la Junta de Andalucía. "La situación de esa finca era conocida no sólo por el acusado sino por todos los promotores que acudían a la Concejalía de Urbanismo a informarse", comentó el regidor nazareno durante la celebración de la vista oral.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento en las fechas en las que se produjo era Francisco Sánchez, ya jubilado, que también está llamado a declarar.
Por su parte, los dos socios del entonces arquitecto municipal confirmaron que era conocida la futura recalificación del terreno, por lo que el único problema que tenían era que el comprador sabía que no era una inversión a corto plazo, según añadieron fuentes presentes en el juicio.
El arquitecto imputado destacó, además, que no utilizó ningún testaferro y que invirtió en el negocio una herencia recibida por su mujer.
Sin embargo, la acusación particular solicita tres años de cárcel para el arquitecto por un delito de información privilegiada y la Fiscalía pide para él multa y una inhabilitación especial de cuatro años para desempeñar cualquier cargo público. Por su parte, para sus socios, T.M.L. y S.R.L., solicita el pago de una multa como condena.
Según la acusación de la Fiscalía, durante el año 1999 el imputado ocupó el cargo de director del PGOU y, como tal, tuvo conocimiento de que la finca en cuestión iba a ser recalificada por lo que el suelo dejaría de ser de equipamiento docente para convertirse en residencial, lo que da la posibilidad de construir viviendas sobre él.
La información así obtenida, dice el fiscal, "fue suministrada a sus amigos", y entre los tres constituyeron una sociedad "con la finalidad exclusiva de adquirir la finca" por 420.708 euros.
Diez meses después, la Junta de Andalucia había concedido ya la recalificación de la finca Nuestra Señora del Carmen, que fue vendida en octubre de 1999 por 1.060.786 euros, con un "un importe muy superior al de su compra, con el consiguiente beneficio que tal incremento patrimonial supuso para los acusados", según el Ministerio Público.
