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Arranca la ‘batalla’ legal por el deslinde de Doñana

La Junta requiere al Estado para que baje la protección del parque

el 13 oct 2010 / 21:13 h.

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El deslinde enfrenta a Junta y Gobierno.

La Junta de Andalucía ha tramitado un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente para que revoque el deslinde del tramo de la costa de Doñana publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado dos de septiembre y dicte uno nuevo modificando su contenido y adaptándolo a los intereses que defiende el Gobierno andaluz.

La solicitud es el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra una decisión, la del deslinde, que amplía la protección del parque hasta unos límites que la Junta considera excesivos. La Administración andaluza considera que el deslinde planteado por el Ministerio, que comprende un tramo de costa de unos 34.730 metros desde Matalascañas, en Almonte (Huelva) hasta la desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), "excede notablemente el dominio público marítimo terrestre".

Este deslinde no se limita a la franja litoral, sino que comprende, además, 4,8 kilómetros tierra adentro del Parque, abarcando todo el cordón de dunas desde Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir.

El departamento autonómico de Medio Ambiente considera que queda acreditado científicamente que las dunas incluidas en el deslinde, salvo el primer cordón dunar, históricamente han sido dunas estabilizadas y deben ser consideradas hoy día dunas continentales. De la misma manera, la Junta entiende que "no puede quedar incluido en la ribera del mar todo el sistema de navazos, matorrales, alcornocales y pinares maduros que desde hace siglos constituye una vegetación consolidada en terrenos con aprovechamientos productivos ganaderos y forestales". Al respecto, la Junta califica de incoherencia calificar como ribera de mar dichos terrenos, que "están a kilómetros tierra adentro y que no tienen una función de defensa o protección respecto a la playa y su zona marítimo terrestre".

Además, concluye que la Administración del Estado actuaría "contrariamente a sus propios actos, ya que éstos no dejan lugar a dudas de que el Estado ha considerado como excluido de la ribera del mar buena parte del territorio deslindado, pues ha sido la propia Administración del Estado la que ha expropiado y adquirido numerosos terrenos que hoy pretende como de dominio público".

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