CCOO-A y UGT convocan desde hoy huelga general en las campañas agrícolas en la región donde no se cumpla el convenio colectivo. CCOO anuncia, además, que pedirá a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que actúe ante la existencia de "ilegalidades e incumplimientos, no sólo laborales" que se registran en el agro.
Así, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, pidió a la Fiscalía que investigue la existencia de "contratación de menores en la Vega del Guadalquivir", algo que el sindicato denunciará, al igual que otras "ilegalidades desde la perspectiva fiscal o laboral", como el "transporte de trabajadores por parte de empresas no autorizadas" o la existencia de "mafias que trafican con personas".
En este contexto, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO-A, Antonio Perianes, concretó que el sindicato convoca a partir de hoy una huelga general indefinida en el campo sevillano, que ahora empieza la campaña de recogida de cítricos, una movilización que el día 27 se focalizará en aquellas fincas y empresas donde no se cumpla el convenio colectivo.
Perianes precisó que a partir del 3 de noviembre se extenderá dicha huelga al campo cordobés.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, acudió a Sevilla a apoyar esta convocatoria de huelga, toda vez que, a su juicio, esta movilización "va a ser la primera acción que junto a UGT convoquemos para pedir el cumplimiento de la negociación colectiva en toda España", ya que "no es de recibo que el décimo mes del año haya todavía un 60% de convenios paralizados y sin cumplir".
Por su lado, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, señaló que cuando se da una sobreoferta de mano de obra, "hay empresarios en algunos sectores que creen que se puede convertir en regla el abuso sobre los derechos de los trabajadores".
Por su parte, la patronal Asaja-Sevilla advirtió ayer de que UGT y CCOO están, previa a la huelga general, coaccionando a los agricultores, "empresa por empresa", para que firmen un documento "ilegal" y cuya validez jurídica es "nula" por cuanto hay un convenio colectivo en vigor.