120.000 trabajadores y 20.000 empresas agrarias. Son los colectivos amparados por el convenio del campo sevillano -es el más importante de la provincia- y cuya negociación siempre ha venido acompañado de una gran y conflictiva carga sindical.
A la espera del reivindicativo melocotón. El convenio colectivo del campo sevillano ha expirado y las partes -de un lado, la patronal Asaja, y del otro, los sindicatos CCOO y UGT- aún no se han sentado para negociar el nuevo. Dado que el actual texto se prorroga, la cosa no pasaría a mayores de no ser por la especial virulencia que tradicionalmente acompaña a las demandas sindicales, y que suelen aflorar allá por mayo, en tiempos de cosecha del melocotón, una de las campañas agrícolas que más empleo requieren en la provincia de Sevilla, tanto en la recogida como en su manipulación.
Ricardo Serra, presidente de Asaja de Sevilla, lamentó ni haber tenido noticia alguna al respecto de los sindicatos, al tiempo que expresó su temor a que estén aguardando a la campaña del melocotón, cuando se combinan el empleo estrictamente agrícola (cosecha) y el agroindustrial (las labores del manipulado en fábrica están amparadas también por el convenio colectivo del campo).
De hecho, los últimos pactos laborales se cerraron con las movilizaciones como telón de fondo, y con no pocos actos de piquetes violentos. El convenio lo negocian Asaja, CCOO y UGT, si bien el sindicato SOC se adhirió a la firma del aún vigente, en 2004. Cabe recordar que el agrícola es el más importante de todos los pactos laborales de la provincia, toda vez que rige las relaciones contractuales de 120.000 trabajadores y 20.000 empresas agrarias, según datos de la patronal.
Sin mano de obra. Serra, que hizo balance del año 2007, advirtió, además, de que en Sevilla cada vez hay más campañas agrícolas -frutas y hortalizas, patatas, aceituna de mesa, etcétera- con graves problemas de mano de obra. Es decir, que hacen falta más trabajadores para los momentos punta de la cosecha.
Por ello, el líder patronal volvió a reclamar al Ministerio de Trabajo y a la Junta de Andalucía que busquen soluciones para los ciudadanos que siendo comunitarios carecen de permiso de trabajo (rumanos y búlgaros, fundamentalmente) y que deambulan por los pueblos de la provincia.
Ya en el balance que realizó sobre el año recién terminado, Ricardo Serra hizo hincapié en el agua. Así, mostró su total desconfianza sobre la gestión por parte de la Junta de Andalucía de la recién asumida cuenca hidrográfica del Guadalquivir, cuyo déficit hídrico supera ampliamente los 700 hectómetros cúbicos, y opinó que, hasta ahora, la asunción de las competencias sólo ha servido para generar más burocracia en el órgano regulador del río. Y, además, advirtió sobre la falta de recursos embalsados, de forma que, de persistir la carestía, en la próxima campaña de regadío sólo habrá para los riegos de socorro de cítricos y frutales.
Sobre la reciente revisión de la PAC, Serra cifró en 169 millones de euros los ingresos directos que dejarían de percibir los agricultores andaluces si prospera la subida de la modulación (recorte) obligatoria del 5 al 13%.
