El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, reivindicó la vivienda como derecho fundamental que «debe ser accesible a todos» frente al «bien de inversión» en el que se ha convertido en las últimas décadas dentro de una economía de mercado especulativa sobre la que, a su juicio, los poderes públicos deben recuperar un papel regulador y de control sin el cual se han «dejado de proteger muchos derechos de las personas».
Asenjo inauguró el I Congreso nacional sobre vivienda social organizado por la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla, cuya comisión permanente preside como arzobispo de la diócesis, ya que la Iglesia ha estado implicada con éste desde la llegada a la ciudad del cardenal Bueno Monreal que «manifestó una extraordinaria preocupación por la escasez de viviendas» y colaboró en la primera gran obra del entonces Real Patronato de Casas Baratas, la barriada de La Candelaria donde se construyeron 1.108 viviendas para familias con rentas bajas además de edificios con fines sociales, un proyecto que luego se repitió en Los Pajaritos, Pío XII, Huerta del Carmen, San Jerónimo o Torreblanca.
En su conferencia inaugural, el arzobispo defendió ideas que en principio no suenan muy distintas de los lemas de movimientos como el 15M o Stop Desahucios, como que «la vivienda digna debe ser accesible y «el Estado debe promover políticas de viviendas protegidas con precios asequibles también para familias con escasos recursos»; que las medidas legislativas puestas en marcha como la dación en pago, el alquiler social o la moratoria para los desahucios son «insuficientes»;y que el problema no es de cantidad de pisos sino de que no son «accesibles para la mayoría». Arremetió contra «una oferta de financiación irresponsable» que ha conducido al «colapso del sistema y al dolor y a la exclusión social de miles de familias» y aludió también a la corrupción en torno al boom al señalar la necesidad de que «instituciones y representantes públicos, que han de ser transparentes y escrupulosos en la gestión de los recursos» porque «el descuido del bien común desacredita a la clase política».
