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Asesores del PP 'blindados' en Málaga

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga denunció ayer que el equipo de Gobierno del PP ha contratado y mantenido de modo irregular a cargos de su confianza como personal del consistorio.

el 15 sep 2009 / 23:07 h.

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El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga denunció ayer que el equipo de Gobierno del PP ha contratado y mantenido de modo irregular a cargos de su confianza como personal del consistorio, situación que afecta a 97 personas y empresas, y de las cuales no han podido facilitar los nombres.

El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, aseguró en rueda de prensa que, de la información a la que han podido acceder tras año y medio de reclamaciones, algunos de estos cargos de confianza cobran 190.000 euros al año, tienen contratos indefinidos -aunque cambie de signo político el Gobierno local- o son personal con contratos blindados que costarían unos 400.000 euros rescindirlos.

De hecho, en éstos se establece una cláusula que indica que "en el caso de rescisión del contrato se pagarán dos años del salario bruto anual".

Además, los socialistas afirman que algunas de estas personas no acaban su relación con el Ayuntamiento malagueño hasta después de mayo de 2011 o que existen varios sin titulaciones requeridas para desempeñar sus funciones.

"El coste para los malagueños de los tres cargos que sabemos asciende a 650.000 euros al año", aseveró Fuentes, que detalló que ese dinero es igual a la inversión del equipo de Gobierno en nuevas tecnologías y cultura o al mantenimiento de la barriada de Cruz de Humilladero, donde residen cerca de 150.000 personas.

Este hecho, tildado por Fuentes como una "irresponsabilidad política absoluta" y que está "falto de transparencia", hace que, según este partido, los salarios de los cargos de confianza oscilen entre los 72.000 y los 190.000 euros, con un impacto total estimado de 7,1 millones de euros.

El PSOE, que no puede revelar los datos exactos de las empresas ni los nombres de las personas hasta dentro de unos días a petición de los propios consejeros de las compañías, ha decidido solicitar una auditoría laboral externa y unos informes jurídicos para aclarar este "entramado oscuro y extraño".

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