Inflación. Superado el temor a una deflación en España -es decir, a una caída generalizada de los precios, que es tan grave o más que una subida-, la inflación ha retomado la senda alcista y su índice anual se colocó en el 1,9% en julio -en octubre del año pasado la tasa era negativa-. Este incremento, en buena parte determinado por el encarecimiento del transporte -debido, a su vez, al de los carburantes-, de los gastos del hogar -por el aumento del gas y la electricidad- y de las bebidas alcohólicas y el tabaco, daña el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyos salarios pactados en convenio han subido por debajo de la inflación. A esta pérdida se suma el recorte de los sueldos de los funcionarios y la congelación de las pensiones. En lo que resta de año, es previsible que el IPC continúe al alza.
Cesta de la compra. El retorno de las vacaciones trae consigo los tradicionales gastos de la vuelta al colegio, que las organizaciones de consumidores estiman entre 250 y 850 euros en función de si el centro es privado, concertado o público. Sobre los precios de los alimentos, las últimas estadísticas del Ministerio de Industria hablan de un encarecimiento en el caso de los frescos mientras que las bajadas predominan en los envasados, frente a los datos del IPC que apuntan a una rebaja generalizada. No obstante, sobre la alimentación recae la incertidumbre sobre el impacto de la revalorización de los cereales tras el veto de Rusia a sus exportaciones. Bruselas cree que no habrá desabastecimiento y sí volatilidad en los mercados de materias primas, es decir, especulación. Por lo demás, queda por saber si el Gobierno subirá o no la luz en octubre.
Hipoteca. El pago de las hipotecas dejará de dar alegrías puesto que, según los expertos, el recorrido a la baja del Euríbor -el indicador que más se utiliza en la suscripción de los préstamos- ha agotado su recorrido a la baja. Es más, los analistas pronostican que, ante la existencia de una Europa que crece a dos velocidades, a medio plazo habrá un incremento del precio oficial del dinero por parte del Banco Central Europeo -los tipos están ahora al 1%-, y una política monetaria más restrictiva castigaría a la recuperación económica española. De momento, el BCE ha llamado a la tranquilidad y mantendrá los tipos baratos por un tiempo, que no especifica. En cuanto al Euríbor, se colocó en agosto pasado en el 1,421%, un porcentaje que supuso elevar la cuota mensual por primera vez en veintidós meses.
Finanzas. Las cajas de ahorros vivirán una auténtica revolución. Por lo pronto, las entidades y las legislaciones autonómicas tendrán hasta la primavera próxima para adaptarse a la reforma nacional aprobada por el Gobierno y que pretende despolitizarlas y darles más alternativas para captar recursos en los mercados, sobre todo a través de la emisión de cuotas participativas (especie de acciones) con derechos políticos (a votar en sus órganos de gobierno). Pero las nuevas exigencias internacionales de solvencia (Basilea III) para la banca traerán consigo mayores necesidades de ingresos por parte de las entidades financieras y, por tanto, aplicar más comisiones y controlar aún más la concesión de créditos. El grifo, cerrado, dicen los empresarios.
Paro. Agosto ha supuesto terminar con la ilusión de la bajada del desempleo en España tras varios meses de descenso y toparnos, pues, con la cruda realidad: 3.969.661 parados, según el registro del Inem. La sangría laboral seguirá en los meses de septiembre y octubre y sólo en noviembre y diciembre podríamos asistir a descensos, según vaticinan los expertos. La recuperación del empleo llegará, como muy pronto, a mediados o finales de 2011. En cuanto a las prestaciones por desempleo, el Gobierno ya está lanzando globos sonda para reformarlas -es decir, rebajarlas-, y para suprimir la ayuda de 426 euros mensuales para quienes hayan agotado cualquier tipo de subsidio. A quien no acepte cursos de formación se le retirará la prestación.
Pensiones. Tras la reforma laboral llegará la reforma de las pensiones, que el Ejecutivo ha dicho que emprenderá con o sin consenso con los sindicatos. En sus planes está aumentar la edad legal de jubilación, a 67 años desde los 65 actuales, de forma progresiva y con excepciones para algunos colectivos. Asimismo, prevé incrementar los años para el cálculo del importe de la pensión, que en estos momentos son 15 y que podría establecerse en un abanico de entre 20 y 25 años. Esta última medida supone, al menos en principio, rebajar la cuantía económica de la prestación, porque los sueldos suelen ser más altos en los últimos años que en los primeros, de ahí que, cuantos más entren en el cálculo, menos se cobra y más ahorro estatal.
Lo que perderemos. Conforme avance el nuevo curso económico, los españoles irán perdiendo algunas ventajas, sobre todo de carácter fiscal, de las que gozaban hasta ahora. Así, a partir de enero desaparecerán la prestación de 2.500 euros por nacimiento o adopción, el conocido como cheque bebé, y las deducciones fiscales por la adquisición de una vivienda para rentas superiores a los 24.000 euros anuales. Las pensiones, salvo las no contributivas, quedarán congeladas y tan sólo se revalorizarán según dicte la ley (conforme a la inflación real, no la prevista), al tiempo que se eliminará el carácter retroactivo de la ley de dependencia.
