Los investigadores del caso Astapa, contra la presunta trama de corrupción de Estepona (Málaga) en la que hay un centenar de imputados -entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos-, han analizado siete convenios urbanísticos y las valoraciones hechas de los terrenos y el rendimiento que su venta supuso al Ayuntamiento, quedando por estudiar más, según el auto del levantamiento del secreto de sumario.
La Agencia Tributaria emitió en abril de 2009 un dictamen, a solicitud del juzgado que investiga el caso, sobre las valoraciones de la finca El Ángel en el convenio entre el Ayuntamiento y el Grupo Prasa. El dictamen, recogido en el sumario, concluye que el suelo de esa finca tenía un valor "cercano al 40% del valor en venta del producto inmobiliario, porcentaje mucho más ajustado al mercado que el cercano al 25% propuesto por los servicios técnicos municipales".
El sumario recoge también las declaraciones como testigos del entonces edil del PP Ricardo Galeote, que denunció que el valor asignado a esos suelos "era muy inferior al valor real del mercado, lo que suponía un grave perjuicio para el Ayuntamiento".
Los investigadores también tomaron declaración al director del equipo redactor de la revisión del PGOU, Enrique Bardají, quién reconoció haber recibido presiones "en algunas ocasiones muy fuertes" sobre todo del ex gerente de Urbanismo del PES, Pedro López, y de Barrientos, pero también indicaciones del que fuera jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores.
La Agencia Tributaria también remitió a la Fiscalía un expediente contra el Ayuntamiento por un posible delito fiscal debido a "deducciones indebidas o ausencia de liquidación" en los ejercicios 2003 y 2004 del IVA devengado a partir de determinadas operaciones del Consistorio, analizándose actuaciones "aparentemente anómalas" de autoridades municipales.
