La letra gorda indica que esta vez, sí, pero la pequeña -quizás la más importante- recomienda cautela porque llueve sobre mojado. Por ello, son los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía los que determinarán si la aceptación de su hoja de ruta por parte del consejo de administración de la empresa Astilleros de Huelva -propietaria del 80% de los sevillanos- es fiable o encierra gato.
Ésta era la prudencia que reinaba ayer en el departamento del consejero Martín Soler. Después de un primer análisis del acta de la reunión de los directivos de la atarazana onubense, se apreciaba que todo estaba correcto y, por tanto, el plan de futuro diseñado por el Ejecutivo regional para la compañía podría ser firmado en las próximas días. No obstante, tocaba aplicar la lupa ante las constantes maniobras dilatorias concebidas por el armador, y esto ha hecho que el informe jurídico no concluya hasta al menos el día de hoy. Eso sí, hay confianza en que se vea la luz del túnel del conflicto naval.
En concreto, se indagaba ayer si los consejeros de Astilleros de Huelva que rechazaron la hoja de ruta tenían poderes ejecutivos y de rúbrica de documentos, pues, de ser así, la mayoría labrada en el consejo quedaría en papel mojado. Y con todas las cautelas, parece que no los tenían.
¿Qué aprobó la cúpula directiva respecto al que llama acuerdo de colaboración? El consejo de administración respaldó, con el voto favorable de tres de sus cinco miembros, la propuesta autonómica para dar una salida a la actual situación crítica de las plantas de Huelva y Sevilla.
En dicha acta se precisa que los dos consejeros que dijeron no al plan justificaron su decisión en que no aparecía una serie de puntos necesarios para su aceptación. Éstos son el mantenimiento de la licencia oficial de construcción naval para grandes o medios buques con casco de acero, el pleno empleo para las plantillas de Astilleros de Huelva y sus dos empresas auxiliares y la terminación y entrega de los buques en cartera (C845 y C846) en la factoría onubense.
Por último, desde la empresa se hizo constar que "es la primera vez en sus más de 40 años de historia" que un acuerdo de su consejo de administración se sometía a votación.
La propia agencia IDEA, adscrita a la Consejería y que lleva directamente la negociación con el armador, ha introducido algunos cambios en su propuesta inicial, aunque lo sustancial sigue vigente, según aclararon fuentes de la Administración andaluza. Así, los barcos citados se podrán concluir en la factoría de Huelva, de la que habrán de salir sus actuales gestores y reconvertirse en un centro de reparaciones, siendo la plantilla sobrante absorbida por industrias de nueva implantación. Y para la atarazana hispalense, se han buscado nuevos socios que le aporten más capital y garanticen su viabilidad.
Mientras, la industria auxiliar de Astilleros de Sevilla se mostró ayer "escéptica" por la actitud de los propietarios de la empresa, de los que, según comentaron fuentes del sector, "no nos creemos absolutamente nada".
