El propietario de los astilleros de Huelva y Sevilla lanzó ayer un órdago a la Junta de Andalucía al responder un ‘no' rotundo a la hoja de ruta diseñada por la Administración andaluza para oxigenar la situación de las dos factorías navales, ahogadas en deudas que se elevan a 280 millones, sobre todo, la planta onubense.
Ayer se cumplía el ultimátum de 48 horas dado por la Junta al armador para que aceptara las directrices marcadas en un plan cuya finalidad es reflotar las factorías navales y que, además, está avalado por los trabajadores, e introdujera las modificaciones "de forma" que estimase oportunas.
Dos requisitos básicos planteaba la Junta: la entrada de un nuevo socio inversor que insufle alivio financiero y un cambio de actividad -que no cierre- en el astillero de Huelva, inmerso en una crisis crónica desde hace años.
A última hora de la tarde y, cuando ya ni la Junta confiaba en recibir una respuesta, Astilleros de Huelva enviaba una carta en la que, "con el espíritu constructivo que ha guiado nuestra actuación", explica las razones por las que rechaza la hoja de ruta de la Junta. Curioso también que el envío a la Agencia IDEA de la Consejería de Innovación y a los medios de comunicación se realizara al mismo tiempo, pese al silencio informativo de la empresa en los últimos meses.
En la misiva, firmada por el presidente de Astilleros de Huelva, Antonio Moreda, el armador justifica su negativa al asegurar que el documento de la Junta "parte del cese y desmantelamiento ordenado e inmediato de la actividad naval en Huelva", que desembocará en la "destrucción" del empleo en esa planta, pese a que el planteamiento de la Administración pasa por hacer barcos más pequeños y actividades de reparación de buques.
Pero además, la compañía desglosa en once puntos una serie de modificaciones a la hoja de ruta de IDEA, entre las que reseña la necesidad de que Izar (empresa pública en liquidación participada por la SEPI) autorice cualquier operación que afecte al astillero de Sevilla. Además, insta a convocar juntas de accionistas que faculten al consejo de administración a actuar, al tiempo que plantea la creación de una comisión de seguimiento mixta que "verifique el estado financiero y patrimonial" de la sociedad, y que se acepta que una de las entidades propuestas por IDEA valore sus activos, aunque con el derecho de poder pedir una segunda opinión en "partidas contradictorias".
Asimismo, se compromete a aceptar la ampliación de capital que plantee la Junta por aquellos inversores que designe y, ahora, propone "la intervención necesaria" en la hoja de ruta y en la ejecución de los acuerdos de las centrales sindicales. Y, también, insta a poner en marcha de inmediato un proceso de compraventa del astillero de Sevilla, ya que el documento de la Junta -explica- recoge "la posibilidad de instrumentar la participación de una nueva compañía mediante compraventa de acciones".
La Consejería de Innovación no quiso ayer entrar a valorar el documento, que antes estudiará su gabinete jurídico. Aun así, la Junta ya avisó, cuando lanzó el ultimátum, de que en caso de negativa, "entenderá que no se va firmar ningún acuerdo y actuará conforme a su criterio", esto es, buscando empresas que se instalen en ambas zonas navales para solventar "problemas de empleo que se irán generando".
No obstante, el armador, que apeló "al sentido de la responsabilidad" de la Administración, se mostró dispuesto a negociar aunque "sin órdenes de prioridades o preferencias" en referencia a las plantas de Sevilla y Huelva.
