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Atacan las webs de los partidos en protesta por la ‘ley Sinde’

Los internautas presionan a los grupos antes de la votación de hoy en el Congreso.

el 20 dic 2010 / 20:41 h.

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La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ayer en Oviedo, presenta hoy la norma en el Congreso.

El grupo de ciberactivismo Anonymous invitó ayer a los usuarios a actuar en protesta a la posible aprobación de la conocida como ley Sinde que, en principio, se aprobará hoy en el Congreso.


El método propuesto fue la entrada masiva de usuarios en las páginas del Partido Socialista y CiU a las 18.00 horas del lunes 20. Las páginas de CiU, primero, y la del PP y el PNV, después, sucumbieron al ataque internauta y sólo la web del PSOE pudo superar el ataque.


Con esta protesta, los internautas quisieron demostrar a los grupos parlamentarios el desacuerdo en la aprobación de una ley que daría poder al Gobierno para cerrar webs con el consentimiento de un juez. En un comunicado hecho público en la web Anonymousvalenciano, se animó a los usuarios a actuar contra la aprobación de la ley y a manifestar a los grupos políticos el desacuerdo con la misma.


"Los partidos políticos son simples marionetas al servicio del poder económico. Ha llegado el momento de recordares la fuente de la legitimad: las personas" explicaron en su comunicado. También se sumó a la iniciativa Asociación de Internautas y Facua Consumidores en Acción, que ha enviado a los grupos parlamentarios 29.755 firmas de usuarios contra la ley, realizada "al dictado de las multinacionales que dominan la industria cultural y el Gobierno de EEUU".
Por el contrario, la coalición de creadores e industrias de contenidos anunció que si el texto de la Disposición Final Segunda de Ley de Economía Sostenible no se aprueba hoy o sufre cambios que modifiquen su naturaleza propondrá ante la Unión Europea incorporar a los usuarios como objetivos de la acción legal, además de las páginas web. Su presidente, Aldo Olcese Santonja, aseguró ayer que si esto ocurre la coalición "cambiará de tercio" y aprobará la defensa de cualquiera de los procedimientos establecidos en otros países, "más agresivos", y se defenderá que se actúe también contra los usuarios.


Por ello, hizo un llamamiento al "buen juicio" y "sentido común" de los parlamentarios españoles, para que este proyecto "de mínimos" sea el que se apruebe finalmente y regule estas actividades en el país. Asimismo, añadió que otra de sus aspiraciones es que en el desarrollo reglamentario queden incluidas en las denominaciones todas aquellas modalidades complementarias de las páginas web, como ciertas páginas de enlace o servidores dedicados.


buscando apoyos. De cara a la votación de hoy, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, aseguró ayer que la disposición contra la descargas de internet incluida en la Ley de Economía Sostenible logrará "conciliar" los intereses legítimos de los autores a su propiedad intelectual con los de los internautas, "que también tienen derechos que hay que respetar". Es más, reconoció que esta disposición fue objeto de conversación en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada ayer y se mostró convencido de que la ley logrará ese equilibrio. De entrada, recordó que la disposición prevé que solamente un juez podrá decidir sobre el cierre de una página web. Los socialistas, dijo, están "buscando los apoyos para que la ley pueda salir adelante".


Quien sí parece que aprobará la ley, en principio, es el PNV, aunque advirtió de que rechazará la disposición si no llega a un acuerdo con el PSOE y se modifica de algún modo la normativa. De no llegar a un consenso
De no llegar a un consenso antes de las doce del mediodía de hoy, el PNV solicitará la votación por separado de esta disposición, una votación aislada con la que podría no salir adelante. También, el grupo IU-ICV ha presentado una enmienda arguyendo que "puede vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y a la información". Por último, el BNG, solicita en otra enmienda la modificación "radical" de la disposición, al considerar que "vulnera la garantías jurídicas" del Estado de Derecho.

 

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