El pliego de condiciones para sacar a concurso público el servicio de retirada de vehículos, hasta ahora en manos de Aussa, se aprobará hoy. Establecerá que debe haber el doble de grúas de las que hay ahora mismo -15- y se triplicarán los turnos en las horas punta. Como ocurre desde febrero, toda la recaudación será para el Consistorio, que abonará a cambio unos 2,8 millones de euros al año a la firma adjudicataria. Aussa, que tiene una adjudicación provisional hasta que se resuelva la convocatoria, tiene intención de presentarse al concurso, al igual que está haciendo en otras ciudades. Su plan estratégico prevé duplicar su cifra de negocios -de los siete millones actuales a 15- y extenderse por otras ciudades. El comité de empresa reclama que se abandone el servicio y que éste pase a otra sociedad.
En este escenario, la asociación española de aparcamientos y garajes encargó un informe al despacho García de Rentería sobre la situación legal de Aussa. Las conclusiones, que pueden ser usadas en recursos ante posibles adjudicaciones, son contundentes. Se considera, en primer lugar que la constitución de Aussa es "ilegal" al no estar participada por el Ayuntamiento, sino por Tussam -con un 51% mientras que Azvi tiene el 49%-. A pesar de esto, admite que pueda asumirse la legalidad de la sociedad, al entenderse que el 100% del capital de Tussam es del Consistorio.
Pero en este caso, "no puede acudir a concursos convocados por el Ayuntamiento" de Sevilla. Ni de ninguna otra ciudad. "Lo impide tanto la naturaleza de Aussa, como su objeto social", señala el informe que además cuestiona las actividades a las que se dedica la firma que exceden de las incluidas en el acuerdo de su creación en 1997, que sólo recoge la gestión de la zona azul y los parkings "que le sean adjudicados por el Ayuntamiento". Pese a esto, Aussa ha participado ya en una treintena de concursos y presta servicios en Baeza, Jaén o Chiclana. En 2010 tuvo 850.000 euros de beneficios, tras aprobar un ERTE.